Washington, 20 abr (EFE).- El director de la Agencia Española de
Protección de Datos, Artemi Rallo, exigió hoy a las empresas de
Internet una configuración de la privacidad más accesible y fácil, y
una protección automática en las redes sociales.
Rallo propuso estas medidas en una rueda de prensa en Washington
junto a otros representantes de agencias de protección para explicar
la carta que diez países enviaron a Google para exigir un mayor
respeto a las normas de privacidad en sus productos.
Esta es la primera iniciativa conjunta a nivel internacional de
reguladores públicos que, mediante esta carta y un llamamiento
público, pretenden reiterar a las compañías de Internet su
obligación legal de asegurar la privacidad de los clientes.
"Muchas de estas compañías públicamente declaran su compromiso
con el derecho a la privacidad de los ciudadanos, pero si se les
juzga por su comportamiento, parece que sea una estrategia de
marketing más que un verdadero y real compromiso", aseguró Rallo.
Los reguladores reconocieron que Google ha corregido sus acciones
más polémicas, como la puesta en marcha de Google Buzz, una red
social asociada a Gmail que publicó la información de usuarios, como
fotografías y perfiles, automáticamente y sin consulta previa.
La otra denuncia se refiere a las fotografías expuestas en Google
Street View, que mostraban los rostros de personas en la calle en el
localizador geográfico de la compañía. Las quejas obligaron a la
compañía a hacer borrosas las caras.
Pero las retracciones han sido por "prueba y error", apuntó
Rallo, porque lo "habitual" es "lanzar productos sin las mínimas
garantías de privacidad a los usuarios y esperar a su reacción para
rápidamente mitigar los daños y corregir el sistema".
Jennifer Stoddart, homóloga de Rallo en Canadá, advirtió que los
reunidos, más allá de un debate, estudiarán la posibilidad de
acciones internacionales, como investigación o informes en un
futuro.
En la carta exigen al consejero delegado de Google, Eric Schmidt,
que además de incorporar las garantías de privacidad en sus próximos
productos explique cómo lo hará para ajustarse a la ley de cada
país.
Los diez firmantes de la carta (Canadá, Israel, Francia, Holanda,
España, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y Alemania)
cuentan con diferentes legislaciones y mecanismos de acción, que
incluyen desde investigar o auditar hasta penalizar con multas.
Entre las agencias con mayor capacidad está la de España, que
puede penalizar con multas de hasta 600.000 euros a compañías, según
explicó a Efe Rallo.
Esta facultad se ha aplicado con "un diálogo intenso", señaló, en
casos como el de la red social Facebook, a la que se ha exigido que
verifique que los usuarios son mayores de 14 años y que asegure la
protección de datos de los menores de edad.
En el caso de la red social española Tuenti, la relación ha sido
"más productiva" y la empresa ha cancelado los perfiles de aquellos
usuarios que no presenten un documento de identidad nacional para
asegurar la edad legal requerida.
Con Google, Rallo explicó que existen decenas de denuncias por
tutela de derechos y cancelación de información, pero todavía no ha
habido ninguna que haya implicado un procedimiento sancionador.
"Si la hay, actuaremos", aseguró.
Pese a este tipo de iniciativas, Stoddart reconoció el "gran
reto" que supone regular la privacidad en tiempos de Internet y
cuando hay "cambios generacionales" que definen diferente qué
significa la privacidad. EFE