Lima, 1 abr (EFE).- Siete provincias de Perú fueron declaradas
hoy en emergencia, por sesenta días, para reducir los riesgos de
desórdenes públicos durante el paro nacional indefinido convocado
por la Federación Nacional de Mineros Artesanales a partir del
próximo 4 de abril.
Un decreto supremo publicado este jueves en el diario oficial El
Peruano señaló que el estado de emergencia se cumplirá en las
provincias de Nazca, Palpa y San Juan de Marcona en la región Ica.
También en las provincias de Tambopata y Manu de la región Madre
de Dios, y en las provincias de Caravelí y Camaná en la región
Arequipa.
La medida está dirigida a "reducir los riesgos de la realización
de actos contrarios al orden interno, que afectarían el normal
desenvolvimiento de las actividades de la población" en esas
provincias.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos
constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito,
agregó el decreto.
El ministerio del Interior mantendrá el control del orden con el
apoyo de las fuerzas armadas.
La medida responde al paro nacional indefinido convocado por la
Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y
del paro regional convocado por la Federación Minera de Madre de
Dios, a partir del próximo 4 de abril, para protestar contra las
medidas tomadas por el Gobierno para reordenar la minería artesanal.
Según el decreto, el estado de emergencia permitirá "asegurar la
prestación del servicio de transporte público y de mercancías, así
como de resguardar las instalaciones pertenecientes a instituciones
públicas y privadas".
De otro lado, otra organización sindical minera, la Federación de
Trabajadores Mineros del Perú, anunció una huelga indefinida para el
próximo 30 de junio con el objeto de mejorar las condiciones de
jubilación y el reparto de utilidades entre los trabajadores de este
sector.
El presidente de la Federación de Trabajadores Mineros (FTM),
Luis Castillo, explicó que esos "dos puntos fundamentales" se han
luchado sin éxito desde hace dos años, por lo que la huelga busca
presionar al Gobierno del presidente, Alan García, para que dé
cabida a sus exigencias. EFE