México, 19 oct (EFE).- Las conversaciones entre el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno, enfrentados desde
hace ocho días por la disolución de la segunda empresa eléctrica del
país, Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quedaron rotas hoy tras el
anuncio de los trabajadores de que no continuarían con ellas.
"Fue un engaño, nos piden que nos liquidemos y luego nos sentemos
en la mesa", dijo a Efe el responsable de justicia de la unión
obrera, Humberto Medrano.
Las reuniones entre el SME y la secretaría de Gobernación
(Ministerio de Interior), que se iniciaron el viernes con una
reunión de más de seis horas que concluyó sin resultados, tenían
como objeto afrontar la situación creada tras la extinción de LyFC,
distribuidora de electricidad en la capital mexicana y en otros
estado del centro del país.
Estaba por definirse una segunda fecha para continuar las
conversaciones, que Gobernación había calificado de "diálogo" y no
de negociación, porque no iba a dar marcha atrás a la decisión del
Ejecutivo.
La clausura de la compañía fue ejecutada por la Policía Federal
en la medianoche del sábado 10 y estuvo respaldada por un decreto
del presidente Felipe Calderón.
De acuerdo con el Ejecutivo, la firma no era rentable ni
eficiente, por lo que la ley permite hacerla desaparecer.
El Gobierno pretende ahora otorgar su gestión a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), también pública.
Los militantes del SME han protestado por el despido de los
44.000 trabajadores de la empresa y han realizado diversas protestas
públicas contra el cierre.
El Gobierno ofreció liquidar a los trabajadores de acuerdo a lo
establecido por la ley y otorgar un beneficio económico adicional si
la liquidación se lleva a cabo antes del 14 de noviembre, lo que es
rechazado por los líderes sindicales.
El responsable de Interior del SME, Humberto Montes de Oca,
apuntó hoy que la liquidación se trata de un soborno. "Nosotros no
vamos a aceptar esas condiciones, vamos a irnos por el terreno de la
lucha jurídica", afirmó ante los medios.
"Hay los suficientes elementos jurídicos para decir desde ahorita
que en el terreno jurídico la tenemos ganada", añadió.
De acuerdo con cifras oficiales, LyFC tenía bajos índices de
productividad por trabajador y una cantidad de empleados que algunos
analistas consideran excesiva para operar la compañía.
La firma recibía fuertes inyecciones económicas del Gobierno para
compensar el bajo rendimiento económico que obtenía, sumas que ahora
Calderón pretende destinar a programas sociales.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó la
semana pasada que el SME había obstaculizado repetidamente la
modernización de la empresa.
"El decreto es inconstitucional y en los próximos días se
presentarán los recursos de amparo tanto individuales como
colectivos", replicó el viernes Martín Esparza, uno de los líderes
del SME, a la salida de las conversaciones.
Su reciente victoria en los comicios sindicales no fue ratificada
por el Gobierno, al considerar que se habían producido
irregularidades en la votación, lo que, de acuerdo con los medios
nacionales, disparó el conflicto. EFE
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