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Sindicato exige derogación de disolución de empresa eléctrica y pide diálogo

Publicado 11.10.2009, 16:29
Actualizado 11.10.2009, 17:07

México, 11 oct (EFE).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) exigió hoy la derogación del decreto presidencial que disolvió esta madrugada la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), anunció una campaña de resistencia y pidió diálogo con el Gobierno.

El presidente Felipe Calderón emitió un decreto por el que liquida por ineficiencia operativa y financiera a LyFC, que cuenta con 66.000 trabajadores sindicalizados, al tiempo que las instalaciones de la empresa fueron tomadas por cientos de policías federales para garantizar el suministro de energía eléctrica.

La empresa da servicio a 6,2 millones de clientes en la capital mexicana y algunos municipios de los estados centrales de Morelos, Estado de México, Puebla e Hidalgo.

En una rueda de prensa Fernando Amezcua, portavoz del SME, aseguró hoy que las tres demandas del sindicato son la derogación del decreto, la salida de los policías federales de las instalaciones de LyFC y la vuelta de los trabajadores a sus puestos, además de la instalación de una mesa un diálogo con el Gobierno para atender la problemática financiera y administrativa de la empresa.

También aseguró que se han hecho a un lado las divisiones internas del sindicato, que abrieron la puerta al conflicto, y que las dos corrientes sindicales se unirán para recuperar la empresa.

El conflicto se originó con las divisiones internas después de que un grupo de trabajadores denunciara que en la elección del líder del SME hubo irregularidades, como el abultamiento del padrón. Las autoridades laborales rechazaron la semana pasada reconocer a Martín Esparza como dirigente del sindicato.

Los sindicalistas preparan esta mañana una manifestación en la capital para dirigirse al Ministerio del Interior y anunciaron que es la primera de varias protestas callejeras y medidas de resistencia.

Calderón decretó la liquidación al considerar que LyFC, la segunda empresa pública eléctrica del país, presenta una "comprobada ineficiencia operativa y financiera", tiene un pasivo laboral de 240.000 millones de pesos (18.000 millones de dólares), y sus costos "casi duplican a sus ingresos por ventas".

En el decreto, el mandatario afirma que desde su creación LyFC "no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han incrementado en los últimos años".

También aseguró que "los resultados reportados por Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional".

Afirma que los trabajadores de la empresa serán indemnizados conforme a las leyes laborales y que se mantendrá el servicio de suministro de energía eléctrica. EFE

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