México, 30 sep (EFE).- Los Gobiernos de los estados Veracruz,
Tamaulipas y Quintana Roo, en el Golfo de México, interpusieron una
demanda ante un tribunal de Texas (EE.UU.) contra la empresa British
Petroleum (BP) por posibles pérdidas asociadas al vertido de crudo
el pasado 20 de abril, informaron hoy fuentes oficiales.
Un portavoz del Gobierno veracruzano dijo a Efe que la querella,
que incluye por el momento a los tres estados, se presentó ayer "a
través de un despacho que se ubica en San Antonio" ante un tribunal
de Texas.
Las autoridades estadounidenses calculan que del pozo,
definitivamente cegado este mes, llegaron a manar unos 40.000
barriles diarios de crudo, restos de los cuales se han encontrado en
las costas de Louisiana y Alabama (EE.UU.).
Sin embargo todavía no hay evidencia de daños en las costas
mexicanas.
En mayo pasado el director de Meteorología Marítima de la
Secretaría de Marina (Semar), el capitán Juan Martín Aguilar,
predijo que un cambio en el sentido de las corrientes que sucede
cada año entre octubre y febrero podría acercar restos de crudo
vertido hasta costas mexicanas y afectar a "los humedales y la pesca
ribereña".
Por otra parte fuentes de la Secretaría (ministerio) de Medio
Ambiente (Semarnat) consultadas por Efe explicaron que las
autoridades federales no participan en la acción legal ni se
coordinaron con los tres estados en ese paso.
Señalaron que por ahora la Semarnat está analizando datos
recabados en aguas del Golfo de México para calibrar el impacto que
en los ecosistemas marinos y en las inmediaciones de las costas
mexicanas puedan haber ocurrido en los últimos meses.
El pozo petrolero Macondo fue declarado extinguido el pasado 19
de septiembre por las autoridades estadounidenses, tras derramar
casi cinco millones de barriles de crudo al Golfo de México durante
los cinco meses que duró la considerada peor catástrofe ecológica
ocurrida en Estados Unidos.
Además de los tres estados implicados en la querella no se
descarta que se sumen a la misma otros mexicanos más, los de
Tabasco, Campeche y Yucatán.
Al parecer la resolución del juicio civil interpuesto podría
prolongarse entre ocho y diez meses.
Desde mayo, días después de que estallara la crisis por el
vertido, México y EE.UU. acordaron crear un grupo de trabajo
integrado por "expertos" que evaluará "con mucha claridad si ha
habido una afectación en la biodiversidad en el ecosistema
compartido" del Golfo de México.
Esa situación la analizarán la Semarnat, que dirige Juan Rafael
Elvira Quesada, y la de Interior de EE.UU., encabezada por Ken
Salazar.
En caso de comprobarse que hubo un daño, México no descarta
recurrir a algún "instrumento jurídico" contra las empresas
relacionadas con el manejo del pozo, British Petroleum (BP),
Transocean y Halliburton, indicó entonces el ministro mexicano. EFE