Madrid, 22 sep (EFE).- La Audiencia de Madrid ha confirmado la
sentencia que desestimó la demanda interpuesta por la sueca Boliden
contra ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, a las que reclamaba 248
millones de euros por considerarlas corresponsables del vertido
tóxico de 1998 en Aznalcóllar, en los aledaños del Parque de Doñana.
En noviembre de 2006, el juzgado de Primera Instancia número 9 de
Madrid desestimó la demanda de Boliden por entender que no había
quedado demostrado ningún incumplimiento contractual por parte de
las empresas que recrecieron la balsa de residuos de Minas de
Aznalcóllar (Sevilla).
Ahora, la Audiencia de Madrid confirma este fallo y desestima el
recurso de apelación interpuesto por Boliden, que también demandó a
la aseguradoras Banco Vitalicio y Zurich, como hoy adelanta el
diario Expansión.
El tribunal madrileño considera que lo único que quedó acreditado
en primera instancia fue que la presa de Aznalcóllar se fracturó el
25 de abril de 1998 causando importantes daños y perjuicios y que
fueron terceras personas, ajenas al proceso, las que se encargaron
de ejecutar y supervisar el proyecto de la balsa.
También cree probado que los valores del proyecto de 1978 son
correctos y que, en su día, Bolidén aceptó los trabajos encomendados
a Atelsa, sin que en veinte años formulara demanda alguna contra
Intecsa.
Añade que Bolidén gestionó los vertidos de residuos de la balsa
apartándose de los proyectos, mezclando vertidos de residuos en vez
de separarlos, inyectando líquidos para los no estaba proyectada y
construyendo a pié de dique una batería de pozos de drenaje que
disminuyeron la estabilidad del mismo.
Además, efectuó un incorrecto recrecimiento del dique, "la causa
directa de su rotura", y que estuvo ajeno a los trabajados
realizados por Intensa, Geocisa y ACS, "por lo que no es correcto
responsabilizarlas de la rotura de la balsa y menos aún de los daños
causados".
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid entiende que
Boliden no ha probado los supuestos incumplimientos contractuales de
los que acusaba a las tres compañías.
Según la sentencia, tanto Intesa como Geocisa realizaron sus
trabajos con la diligencia exigible y fueron terceras empresas las
que supervisaron sus trabajos.
En el juicio celebrado en 2006, las tres constructoras afirmaron
que la única responsable de la catástrofe ecológica era Bolidén,
que, por su parte, rechazó toda responsabilidad en la rotura de la
balsa que vertió a los aledaños del Parque Nacional de Doñana
millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados,
cuya limpieza millonaria no concluyó hasta varios años después.
Por ello, Bolidén, que ya agotó la vía penal, reclama por la vía
civil 115 millones euros por los daños sufridos e intenta recuperar
los 89,8 millones que le exigió la Junta de Andalucía por los gastos
de limpieza y los 43,7 millones que le reclama la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por una multa y en concepto de
reposición del dominio público hidráulico a su estado anterior al
accidente minero. EFE