MADRID (Reuters) - La Fiscalía pidió el miércoles penas de dos años de cárcel para el jugador del Barcelona Neymar por su supuesta participación en un caso de corrupción relacionado con su traspaso del Santos de Brasil al club catalán en 2013, según el escrito de acusación.
El fiscal José Perals pidió también una condena de cinco años para el expresidente del Barça Sandro Rosell y una multa de 8,4 millones de euros para el club por los delitos de corrupción y estafa, pero solicitó que los cargos contra el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, sean retirados.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para Neymar una multa de diez millones de euros y tres años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales, las mismas sanciones que solicita para Rosell por el mismo delito, "corrupción en los negocios".
El caso deriva de una denuncia del grupo de inversión brasileño DIS, que poseía el 40 por ciento de los derechos de transferencia de Neymar y que afirma que recibió menos dinero del que tenía derecho, ya que el club azulgrana ocultó la tasa de transferencia real.
La matriz de DIS dijo el miércoles que había solicitado penas de hasta cinco años de cárcel para Neymar, su padre, Bartomeu y Rosell, sin especificar la cuantía para cada uno de ellos.
DIS había denunciado que el Barça había amarrado a sus espaldas en 2011 el fichaje del jugador cuando todavía militaba en el Santos de Sao Paulo, ofreciéndole 40 millones de euros. Para el entonces presidente del Santos, Odilio Rodrigues, el fiscal pide ahora tres años de prisión por estafa.
En el escrito se solicita que Rosell, Rodrigues, el Barcelona y el Santos indemnicen conjuntamente a DIS con 3,2 millones de euros.
El Barcelona se ha visto implicado en problemas legales por la transferencia de Neymar desde 2013. Rosell renunció como presidente del club en 2014 por su participación en el caso y testificó ante la justicia en febrero junto a Bartomeu, Neymar y el padre del delantero brasileño.
El club llegó a un acuerdo con la Fiscalía en junio para resolver un caso separado y pagó una multa de 5,5 millones de euros, evitando el juicio por cargos de evasión de impuestos sobre el fichaje.
El Barça pensaba que el caso estaba cerrado cuando el juez José de la Mata archivó el caso en junio, pero la Audiencia Nacional revocó la sentencia y permitió que la instrucción prosiguiera.