El pasado verano, la CNMV abrió hasta tres expedientes sancionadores contra Q-Renta. Le acusó de manipulación de mercado, conflicto de interés y deficiencia en la llevanza de registros de órdenes. Estas prácticas tuvieron lugar entre 2015 y 2017.
El pasado octubre, una jueza de Barcelona dio luz verde al “embargo preventivo” de la sede de la agencia de valores, una medida cautelar que había solicitado el despacho Iuris Factor para garantizar que la firma tiene fondos para responder ante una eventual condena dineraria por la pérdida del patrimonio que había gestionado de los clientes a los que representaba. Antes, Asufin (la Asociación de Usuarios Financieros) había presentado la primera demanda civil contra Q-Renta, donde reclama entre 200.000 y 400.000 euros a la agencia de valores.