Las sicav están en el punto de mira desde las elecciones generales de 2015, cuando todos los grandes partidos en liza propusieron modificar de una u otra forma su régimen. Para garantizar un mayor control de estas sociedades, el PSOE proponía hasta tres iniciativas: establecer un porcentaje de participación máxima para cada inversor, valorar la fijación de un periodo de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen y dotar legalmente a Hacienda de competencias para supervisar e inspeccionar a las sicav. Por su parte, el plan de Podemos pasaba porque dejaran de tributar al 1% y su tributación se equiparara al impuesto de patrimonio, aplicándose el tipo máximo contemplado por dicho impuesto, y la formación morada también estaba en línea con los tres puntos anteriores del PSOE.
Ahora, con el preacuerdo de Gobierno de coalición progresista que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras el 10N, es probable que se recuperen algunas de estas propuestas, y hará que mengue aún más si cabe el negocio de las sicav en España, que está por debajo de los 30.000 millones de euros. En los Presupuestos que Sánchez no logró sacar adelante, estaba que Hacienda recuperara la capacidad de inspección sobre estas sociedades.