Luxemburgo, 24 oct (.).- La abogada general de la Unión Europea dará el 21 de marzo de 2024 su opinión sobre la validez o invalidez jurídica del acuerdo comercial y pesquero entre la UE y Marruecos, que el Frente Polisario rechaza porque incluye la exportación de productos agrícolas y pesqueros explotados en territorios y aguas del Sáhara Occidental.
La fecha del 21 de marzo la anunció este martes la propia abogada general, la croata Tamara Capeta, al final de la segunda y última vista del litigio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que estudia los recursos de la Comisión Europea y del Consejo Europeo -que reúne a los gobiernos de cada país de la UE- contra la anulación de los acuerdos con Marruecos.
En 2021, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) aceptó dos recursos de nulidad del Frente Polisario sobre los acuerdos comercial y pesquero, al considerar que debieron ser avalados por la organización saharaui, en tanto que representante del pueblo del Sáhara Occidental, aunque no paralizó su aplicación a la espera de una sentencia firme.
La Comisión y el Consejo Europeo recurrieron la decisión del TGUE, el tribunal europeo de primera instancia, al TJUE, la máxima autoridad judicial de la Unión, alegando que el Polisario no está legitimado para representar al pueblo saharaui en tribunales internacionales.
La abogada general, muy inquisitiva con Bruselas
Los magistrados del TJUE dedicaron hoy la última vista a realizar preguntas a las partes implicadas en el litigio, aunque fue la abogada general de la UE, cuyas opiniones suelen orientar la sentencia final de los jueces, la que fue más inquisitiva en sus interrogatorios, sobre todo dirigidos al Consejo y a la Comisión Europea.
La abogada general quiso averiguar si Marruecos está obligado a especificar con un etiquetado distinto el origen de las frutas y hortalizas producidas en el Sáhara Occidental e importadas desde allí a la UE.
El acuerdo firmado con Bruselas obliga a hacer esta distinción, pero el letrado del Consejo Europeo en el litigio, Frederik Naert, admitió que la responsabilidad de certificar correctamente el origen depende del buen hacer de las autoridades marroquíes.
"El acuerdo exige que haya una autoridad competente que pueda ejercer este control y, a día de hoy, el Sáhara Occidental no dispone de autoridades que puedan ejercer las funciones de un Estado normal", justificó Naert.
La abogada general también quiso saber en qué consistieron las consultas mantenidas por la Comisión Europea con entidades civiles y agentes económicos del Sáhara Occidental antes de la firma del acuerdo con Marruecos, y que Bruselas esgrime para justificar ante el TJUE que los pactos contaron con el consentimiento del pueblo saharaui, justo lo que la sentencia de 2021 del TGUE dice que no existió.
En un momento de su respuesta, el letrado de la CE en el juicio, el español Daniel Calleja, aseguró que, con estas consultas, Bruselas quiso "evaluar los beneficios" que el acuerdo con Marruecos tendría para la población del Sáhara Occidental, y que cifró en 54.000 empleos nuevos y un ahorro de 80 millones de euros en las exportaciones, gracias a los aranceles preferentes.
En su réplica, la abogada general endureció el tono al considerar que, con esta respuesta, Calleja no le estaba "aclarando nada", y preguntó explícitamente a la Comisión si pidió el consentimiento del pueblo saharaui para sellar el acuerdo con Marruecos.
"Por lo que he entendido, no estaban pidiendo ningún consentimiento al pueblo saharaui, estaban sólo comprobando si había efectos beneficiosos para ellos", zanjó Capeta.
El abogado del Frente Polisario, Gilles Devers, también intervino para cuestionar la legitimidad de las consultas mantenidas por Bruselas, ya que, según dijo, los agentes económicos y las organizaciones civiles del Sáhara Occidental están copadas en gran medida por "colonos" marroquíes, y afirmó que las consultas de la Comisión no los "distinguen" del pueblo autóctono.
El Frente Polisario espera una sentencia favorable
Con la fase de la vista oral concluida, este martes había optimismo entre la delegación saharaui que seguía la audiencia. El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, se mostró con la "esperanza" de que la sentencia del TJUE "anule definitivamente" el acuerdo comercial y pesquero por "incluir unos recursos que no pertenecen" a Marruecos.
En declaraciones a EFE tras la vista, el representante del Polisario pronosticó que la sentencia "reforzará" al pueblo saharaui "en su lucha por la autodeterminación y la independencia" y "romperá con la propaganda" que, según dijo, Marruecos difunde "utilizando a los países de la Unión Europea" para arrogarse la soberanía del Sáhara Occidental.
Arabi lamentó que la Comisión Europea tratara de convencer al tribunal con la premisa de que los acuerdos comerciales beneficiarán a la población saharaui, ya que, en su opinión, prevalece "la necesidad" de que este pacto esté refrendado por "el representante legal del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario".
En una resolución de 1979, la Asamblea General de la ONU describía al Frente Polisario como "el representante del pueblo del Sáhara Occidental", y recomendó que esta organización participe "plenamente" la búsqueda de una solución al conflicto.
La UE es el principal socio comercial de Marruecos. En 2022, el 56 % de las exportaciones marroquíes fueron al bloque comunitario, mientras que el 45 % de sus importaciones procedían de la Unión. Para la UE, Marruecos también es el principal socio de la ribera sur del Mediterráneo.
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