Ginebra, 24 mar (.).- Una de las firmas de abogados que prepara la defensa de los poseedores de bonos AT1 de Credit Suisse (SIX:CSGN), grandes perjudicados por la venta del banco a su competidor UBS (SIX:UBSG), ha aconsejado a sus potenciales clientes que denuncien a las autoridades suizas por "violación de derechos a la propiedad".
Así se lo han transmitido los abogados de la firma británica Quinn Emanuel Urquhuart & Sullivan en una teleconferencia con potenciales demandantes, a los que les han explicado que tienen un plazo de 30 días, aunque existen varias vías para plantear el caso.
Una de ellas sería la jurisdicción suiza, con la desventaja de que ésta no admite demandas colectivas, pero también se podría abrir un proceso en Estados Unidos o en otros países, en virtud de tratados bilaterales de inversión.
La llamada a los inversores, el pasado miércoles, reunió a unos 600 posibles demandantes a los que se sugirió presentar inicialmente la demanda contra la Finma, la entidad reguladora suiza del mercado financiero , por haber autorizado cambios en las leyes -de cara a la venta de Credit Suisse- que perjudicaron a los bonistas.
Normalmente éstos tienen prioridad sobre los accionistas en casos como el de Credit Suisse, pero las modificaciones de última hora que avaló la Finma dejaron a cero y sin derecho a compensación algunos bonos de alto riesgo y por un valor de 16.000 millones de francos (16.200 millones de euros, 17.400 millones de dólares).
Por otro lado, el bufete informó a los inversores de la posibilidad de tomar acciones contra la propia Credit Suisse porque consideran que el banco debería haber informado a los bonistas de las negociaciones de venta del banco a UBS, por si alguno de ellos quería vender sus bonos.
El británico no es el único bufete que prepara demandas por la precipitada compra de Credit Suisse por UBS: la firma de abogados angloestadounidense Pallas Partners también ha llamado a inversores de bonos AT1 (también llamados CoCos, siglas de "convertibles convencionales") a unirse para una posible acción legal colectiva.
El litigio "se enfocaría en las acciones tomadas por autoridades suizas como la Finma, el Consejo Federal (Ejecutivo) y otros", señaló el bufete en un comunicado, que también contempla llevar el caso fuera de Suiza.
La inédita forma de actuar del Gobierno suizo en este caso ha permitido a UBS obtener un fondo de comercio negativo (llamado "badwill" en la jerga financiera) de 56.000 millones de francos (56.700 millones de euros, 50.000 millones de dólares), en la que se incluyen esos 16.000 millones de francos en bonos amortizados.
Un "badwill" se produce cuando una firma adquiere otra por debajo de su valor, lo que ha ocurrido en este caso. UBS compró Credit Suisse por 3.000 millones de francos (3.040 millones de euros, 3.200 millones de dólares), lo que suponía un descuento del 60 % con respecto al precio de cotización en bolsa que tenía entonces el segundo establecimiento.
El badwill no implica una entrada real de liquidez para UBS, pero sí lo puede utilizar en su contabilidad, y el banco ha señalado en una presentación a los inversores que lo hará "sin restricciones" y que lo empleará en costes de reestructuración, por ejemplo para pagar los despidos que tendrá que hacer sobre todo en la rama de Credit Suisse.
Ambas entidades suman a nivel global 120.000 empleados y los analistas calculan que esa plantilla podría reducirse hasta en un tercio.