París, 15 mar (.).- En la víspera de que la impopular reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron sea votada -y posiblemente aprobada en el Parlamento-, el número de manifestantes convocados por los sindicatos en toda Francia cayó respecto a la última convocatoria similar del 7 de marzo.
Según la central CGT, en esta octava jornada de movilizaciones fueron 1,7 millones en todo el país, frente a los 3,5 millones de personas de hace ocho días. En París, la misma fuente calculó 450.000 participantes, frente a los 700.000 del 7 de marzo.
Como sucede en este tipo de manifestaciones, las autoridades oficiales dieron cifras mucho más bajas y la Prefectura de Policía estimó la asistencia en la capital francesa en 37.000 personas (frente a las 81.000 del 7 de marzo).
Varias ciudades francesas se movilizaron, algunas en menor medida que en las otras protestas sucedidas en enero, febrero e inicio de marzo. Niza, Marsella o Rennes vieron el número de participantes menguar.
Las huelgas parciales se hicieron sentir, aunque, como en las otras convocatorias, el país estuvo lejos de paralizarse. La circulación de trenes, de transportes públicos y el tráfico aéreo, sobre todo el del aeropuerto parisino de Orly, resultó impactada.
Algunos paros sectoriales, que se convirtieron en indefinidos desde que el movimiento de protesta se endureció el pasado 7 de marzo, siguen dando que hablar, como el de la recogida de basuras.
Aunque son varias las ciudades afectadas, París es la que más llama la atención por las más de 7.000 toneladas que acumula en sus aceras y donde el paro seguirá, al menos, hasta el lunes próximo.
Esta huelga ha adquirido tintes políticos al convertirse en un pulso entre la alcaldesa capitalina, la opositora socialista Anne Hidalgo, y el Gobierno de Macron.
Hidalgo, que apoya públicamente la protesta de los basureros, dijo que no cooperará con la orden emitida por el Ejecutivo francés, que quiere obligar a los empleados de la limpieza municipales a recoger los desechos por el riesgo sanitario que entrañan.
Ante esta negativa, el Gobierno podría intervenir directamente reclutando él mismo empleados para realizar las recogidas.
MACRON NO QUIERE SOBRESALTOS
Mientras, la votación de la reforma de las pensiones encara su día clave. Considerada indispensable por el Gobierno francés para equilibrar el déficit del sistema de pensiones, las dos cámaras del Parlamento francés llegaron a un texto común que votarán este jueves, primero en el Senado y luego en la Asamblea.
"La intersindical pide solemnemente a los parlamentarios que voten contra el proyecto de ley", urgió hoy un portavoz de la coalición de sindicatos, que denunció que la actitud del Gobierno "da la espalda a la democracia".
El texto consensuado hoy incluye algunas novedades, como un proyecto piloto para promover los contratos indefinidos para los trabajadores mayores de 55 años o una mejora de las pensiones de las madres de familia.
No obstante, mantiene las dos medida más polémicas: la de aumentar la edad mínima de jubilación, de 62 a 64 años, algo que se haría de forma progresiva para 2030; y el adelanto a 2027 del aumento de 42 a 43 años del período de cotización para lograr una pensión completa (hasta ahora previsto para 2035).
Aunque la administración de Macron tendría teórica mayoría si los conservadores, Los Republicanos, dan su respaldo como su líder Éric Ciotti pide, el presidente francés no las tiene todas consigo y ha convocado de urgencia esta noche en el Elíseo a su primera ministra, Élisabeth Borne, y a ministros relacionados con la reforma.
El objetivo es evitar sobresaltos de última hora y que haya una mayoría en las dos cámaras, en una votación de alto voltaje, con una nueva protesta convocada en las inmediaciones de la Asamblea, que estará encabezada por los líderes de los principales sindicatos.
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