Bruselas, 5 jun (.).- Corporate Observatory Europe, organización que sigue la actividad de los grupos de presión en Bruselas, ha advertido este miércoles de que la influencia de los “lobbies” ha aumentado a lo largo del último año con un efecto “dañino” para las legislaciones con interés público.
“Llevamos denunciando la influencia de los grupos de presión empresariales en la toma de decisiones de la UE desde 1997, pero nunca hemos sido testigos de una época con niveles de influencia empresarial más extremos y perjudiciales que durante los últimos doce meses”, ha alertado el coordinador de investigación y campañas de Corporate Europe Observatory, Olivier Hoedeman.
La organización ha pedido más regulación de los grupos de presión de cara a la próxima Comisión Europea y a la Eurocámara que resulte elegida en las elecciones del próximo domingo.
Ha expresado su preocupación por una tendencia que, asegura, “antepone los beneficios a las personas y al planeta”.
“La sensación de que la política no está para servir a los ciudadanos también contribuye a alienar a los votantes y entregarlos al pensamiento conspirativo, la desinformación y la extrema derecha. Esta situación no puede ser más peligrosa”, ha avisado Hoedeman.
Corporate Observatory Europe afirma que, en el contexto electoral, “hay un grupo que no necesita ganar votos para influir en la formulación de políticas”: los 29.000 grupos de presión que están activos en Bruselas, la mayoría de los cuales trabajan en nombre de empresas.
Para la redacción de leyes, las instituciones europeas deben estar en contacto con organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales a fin de recabar todos los puntos de vista.
En todo caso, Corporate Observatory Europe considera que la influencia de esos grupos que representan los intereses de las empresas ha tenido demasiado peso en la última legislatura y es responsable del aumento del coste de la vida o el empeoramiento del cambio climático.
En concreto, se refiere al retroceso de la regulación de productos químicos prometida por el Pacto Verde, la renovación de las restricciones al pesticida glifosato, la acción climática o la inteligencia artificial.
Así, la organización denuncia que el Grupo Consultivo de la Plataforma Energética de la Comisión Europea “está dominado por ejecutivos de la industria del petróleo y el gas de empresas con un gran interés en construir más infraestructuras de gas, en gran parte con dinero público”.
También pone como ejemplo cómo las quejas expresadas por los agricultores europeos “es un vehículo muy conveniente para los grupos de presión empresariales”.
Critica también que los gigantes de la agroindustria y los productos químicos han financiado investigaciones para verificar la “seguridad” de sus propios productos con las que han “saboteado en gran medida las leyes previstas para reducir y sustituir las sustancias peligrosas que dañan la salud y los ecosistemas”.
Igualmente, lamenta que grupos de presión de las grandes empresas tecnológicas suprimieran las propuestas de regulación más estrictas en la redacción de la legislación comunitaria para regular la inteligencia artificial.