Sevilla, 26 sep (.).- El Gobierno andaluz mantiene su rechazo a medidas recogidas en la Ley de Vivienda como declarar zonas de alquiler tensionado y a intervenir en los precios de alquiler de viviendas cuando se disparen, y considera un "chantaje" que el Ministerio de Vivienda anuncie que recortará la financiación a las comunidades autónomas que no la apliquen.
En declaraciones remitidas a los medios, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, ha calificado este jueves de "inaceptables" las palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de que recortará la financiación estatal a las comunidades autónomas "insumisas" con la Ley de Vivienda.
"Quien no aplique la Ley de Vivienda no va a tener financiación del Gobierno central", ha advertido este jueves la ministra en una entrevista en TVE, en la que ha recordado que entre el 70 y el 75 % de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas se financian con fondos públicos.
La respuesta desde Andalucía no se ha hecho esperar y la consejera de la Junta ha dicho que las manifestaciones de la ministra son "la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Sánchez", ademas de suponer "un chantaje a las comunidades autónomas para que nos sumemos a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda".
Díaz ha recordado que Andalucía "aplica" las leyes aprobadas pero ha advertido de que "no se va a plegar" ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler "por muchas amenazas que recibamos".
"Esas partidas se la han ganado las comunidades autónomas por asumir la gestión de una competencia tan sensible como es la vivienda.", ha recalcado la consejera andaluza, quien ha añadido que estas medidas "intervencionistas" no solo no se van a aplicar sino que ni siquiera hay ayuntamientos que soliciten ponerlas en práctica en las ciudades.
El motivo, según la titular andaluza de Fomento y Vivienda, es porque hay "ejemplos claros" en toda Europa de que estas políticas "no funcionan y causan el efecto contrario al deseado": el de disparar los precios, retraer la oferta y desproteger al propietario.