Madrid, 20 feb (.).- La directora del Área de Industria y Medio Ambiente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Arancha García, ha dicho que la Ley de Movilidad Sostenible debería defender un modelo con automóviles de bajas emisiones y no considerar el vehículo privado como un medio a eliminar.
García ha intervenido este lunes en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados para dar a conocer la posición de su asociación sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que se tramita en la cámara baja.
La representante de Anfac ha criticado que el vehículo privado se considere en la ley como un medio a eliminar, aunque sea de cero y bajas emisiones, cuando la norma debería defender un modelo de movilidad sostenible con automóviles de bajas emisiones.
En su opinión, el modelo de movilidad que plantea la ley es contrario a los intereses económicos e industriales del país, y ha afirmado que se puede tener una movilidad sostenible manteniendo la riqueza, el empleo y la industria.
García ha manifestado también la preocupación de Anfac por que la norma no hable de infraestructuras de recarga eléctrica para vehículos de acceso público, sólo de hacer un registro de puntos de recarga de acceso público, un registro que ya contemplaba la Ley de Cambio Climático y que tendría que estar disponible desde mayo de 2022.
En su opinión, sería necesario incluir en la Ley de Movilidad un órgano que coordine y financie una red de infraestructuras de recarga "en cantidad y calidad", y con capilaridad.
Ha señalado que España va a tener que definir sus objetivos y calendarizarlos por años con el nuevo reglamento europeo de despliegue de puntos de recarga eléctrica y combustibles alternativos, que tendrá objetivos vinculantes para los países miembros de la UE.
También ha dicho que en España hay 18.000 puntos de recarga eléctrica de acceso público, cuando los objetivos eran que en 2023 hubiera 250.000 vehículos eléctricos y 80.000 o 110.000 puntos de recarga de acceso público.
TASAS DE ACCESO A ZONAS DE BAJAS EMISIONES
Por otra parte, se ha manifestado en contra de habilitar a los municipios para poner tasas de acceso para Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos que no pueden entrar en ellas, como contempla la Ley de Movilidad Sostenible.
Para García, tendría sentido si no existieran ya limitaciones de acceso a las ciudades, pues los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados a tener ZBE por la Ley de Cambio Climático y, además, ha dicho que lo que se tiene que hacer es prohibir el acceso a los coches que más contaminan, y no que dependa de si se paga o no se paga.
También ha intervenido el presidente de la Comisión de Transporte de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y alcalde de Irún, José Antonio Santano, que ha señalado que el procedimiento de subvenciones para financiar costes operativos necesita de una seguridad para los municipios que prestan el servicio.
Santano ha dicho que la Femp aboga más por cuantificar sobre los costes operativos en una cantidad y ha añadido que, frente a que el 75 % de los costes operativos sean financiados por las tarifas como contempla la ley, la Femp cree que debería ser en torno al 60 %, aunque coincide en que un 25 % como mínimo lo abonen los usuarios.
Por su parte, Alberto Dorrego, de la fundación de soluciones y alternativas de movilidad Corell, ha defendido regular el coche compartido o los coches de alquiler con conductor a través de la intervención pública, otorgando la administración derechos para que puedan funcionar estos vehículos.
También se ha referido a las concesiones para el transporte de viajeros por carretera y ha defendido una regularización de las situaciones de facto que existen actualmente con las concesiones que hay caducadas.
Ha pedido mejorar el modelo de licitación de los contratos de concesión, que no asegura la sostenibilidad del servicio, para acabar con la altísima litigiosidad que hay.