Madrid, 24 mar (.).- El ingeniero Antonio García Ferrer, vicepresidente de ACS (BME:ACS), y el abogado Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución del 78, han manifestaron su deseo de no presentarse a su reelección como consejeros en la próxima junta de accionistas y presentado, por tanto, su dimisión de estos cargos.
La salida de Ferrer, que se sentaba en el consejo de administración de ACS en calidad de ejecutivo, y de Roca, que lo hacía con categoría de externo, tendrá sus efectos desde el 5 de mayo, cuando el grupo celebre su junta de accionistas en segunda convocatoria.
La salida de ambos se produce con el fin de colaborar en la reestructuración del consejo y dar cumplimiento a los estándares de buen gobierno, según ha indicado ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ferrer, que entró en Dragados en 1970, fue nombrado en 2002 presidente ejecutivo de la citada compañía hasta diciembre de 2003 que, por la fusión con ACS, pasó a ser vicepresidente ejecutivo. Actualmente también es consejero de ACS Servicios y Concesiones.
Por su parte, Miquel Roca, socio fundador y presidente de RocaJunyent y expolítico de Convergència Democràtica, es miembro del consejo de administración de ACS desde 2003.
En el marco de la renovación del consejo de administración, ACS llevará a la junta el nombramiento de dos mujeres como consejeras independientes: Lourdes Máiz, reelegida hace unos días consejera del BBVA (BME:BBVA), y Lourdes Fraguas, exsecretaria general de Farmaindustria.
En el orden del día también figura la reelección de Florentino Pérez como presidente ejecutivo de ACS y la continuidad de los consejeros José Luis del Valle, Antonio Botella, Emilio García, Catalina Miñarro, Pedro José López y María Soledad Pérez.
ACS fijará el número de miembros del consejo de administración en 15.
El pasado 7 de marzo, el Consejo de Ministros analizó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión, que garantizará su igualdad efectiva en la política, la administración y las empresas.
La futura ley responde a una directiva comunitaria sobre la materia y establece el objetivo del 40 % de participación femenina en los órganos de dirección públicos y privados.
Las sociedades cotizadas deberán asegurar que sus consejos de administración tengan al menos un 40 % de consejeras antes del 1 de julio de 2024.