Madrid, 24 ene (.).- La ponencia del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda se ha constituido este martes en el Congreso con los socios del Gobierno y otros partidos del bloque de izquierdas optimistas respecto a la posibilidad de cerrar en breve un acuerdo que permita la aprobación de esta ley en el pleno.
"En las últimas reuniones ha habido avances importantes que nos hacen ser optimistas", ha confirmado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Desde el PSOE y Bildu también muestran optimismo, aunque los socialistas subrayan que todavía "el debate sigue abierto" en cuestiones como la regulación de los alquileres.
Echenique ha explicado, en una rueda de prensa, que está a la espera de que los socialistas pongan por escrito sus últimos "avances verbales", con el fin de "comprobar sobre el papel los detalles técnicos".
Según fuentes parlamentarias, los socialistas habrían aceptado en los últimos días que la regulación de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas pueda afectar a los nuevos contratos, no solo a los vigentes, para evitar que los propietarios retiren del mercado sus viviendas y luego vuelvan a arrendarlas sin que les afecte el control de rentas.
También se habrían abierto a cambiar los requisitos previstos en el proyecto de ley para que las comunidades autónomas puedan hacer la declaración de zona tensionada y a rebajar el número de viviendas que tiene que tener un propietario para que se le limite el precio del alquiler (el proyecto de ley establece que afectará a los propietarios de diez o más), entre otras cesiones.
PRESIÓN DEL MOVIMIENTO DE VIVIENDA
Mientras se constituía la ponencia, en la puerta del Congreso las organizaciones sociales que forman la Iniciativa Ley Vivienda se han concentrado en torno a un barrio de cartón que han construido a modo de reivindicación visual para denunciar que el "derecho a la vivienda está a la intemperie" y que "cada día muchas familias tienen que meter su vida en cuatro cajas de cartón y salir por la puerta de sus casas".
La prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional en la ley de vivienda es una de las exigencias de este movimiento, junto a la obligación para los grandes propietarios de ofrecerles un alquiler social antes del desalojo y la creación de un parque público que incluya las viviendas de la Sareb.