Bruselas, 6 dic (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) avisó este martes de que los servicios de administración pública digitales están desplegados de manera desigual en el conjunto del bloque, debido al retraso en la adopción de medidas en los Estados miembros y al carácter voluntario de muchas de las acciones que quería impulsar la Comisión Europea (CE).
Los países más avanzados en este campo, con datos de 2020, son Malta, Estonia, Letonia, Austria y Dinamarca, mientras que los socios más rezagados son Rumanía, Grecia, Croacia, Eslovaquia y Hungría (a pesar de registrar el mayor avance de toda la UE desde 2017). España se sitúa por encima de la media europea con 78 puntos, frente a los 64 que tenía tres años antes.
A nivel general, el informe de los auditores europeos subraya que las acciones de la Comisión Europea han sido eficaces "sólo en parte" para fomentar la aplicación y la adopción de soluciones de administración pública por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales del bloque.
El ejercicio de auditoría se centra en el Plan de Acción sobre Administración Electrónica del Ejecutivo comunitario para el periodo 2016-2020 y la conclusión principal es que, aunque Bruselas "completó las acciones establecidas" en dicha hoja de ruta, "no todos los servicios públicos digitales de reciente desarrollo se encuentran disponibles en toda la UE debido al retraso de las acciones en los Estados miembros".
El objetivo del Plan de Acción era fomentar una administración pública "abierta, eficiente en inclusiva" en toda la UE para 2020 y la Comisión Europea apoyaba la aplicación de soluciones de administración pública en los países a través de proyectos financiados con fondos europeos, ofreciendo apoyo técnico a las autoridades nacionales y fomentando la colaboración entre ellas.
"Las acciones iniciadas por la Comisión, como la identificación electrónica, la pasarela digital única y la interconexión de los registros de empresas de los Estados miembro, no solo ayudan a éstos a conectar sus sistemas e intercambiar la información, sino que también sirven de estímulo para que aceleren los cambios y digitalicen el servicio público", destacó Ivana Maletić, responsable del informe.
Los auditores señalan, en concreto, que el Plan de Acción "no incluía ninguna obligación para los Estados miembros" a pesar de que en el informe anterior ya habían calificado como "deficiencia fundamental" el "carácter voluntario de las actividades de los países".
A este punto, el informe añade que el seguimiento del Plan de Acción fue "fragmentado" porque "la Comisión no había establecido un marco de seguimiento respecto al Plan en su Conjunto", aunque sí existía respecto a varias acciones individuales, cuatro de las cuales están evaluadas en la auditoría.
En relación a las seis acciones dirigidas a empresas la auditoría refleja que tres de ellas se ejecutaron "parcialmente", por lo que los auditores concluyen que "no han dado lugar aún a cambios sustanciales para las empresas y los ciudadanos de la Unión".
En particular, los casos de la interconexión de registros de insolvencia y el de soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de una empresa se debió a los retrasos en varios Estados miembros, mientras que se dejó en manos de los gobiernos la actuación en cuento a la identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza (eIDAS).
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas de la UE recomienda reforzar el marco de ejecución para instar a los Estados miembro a completar los servicios de administración electrónica y formular una estrategia global para promover eficazmente dichos servicios.
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