Sídney (Australia), 31 jul (.).- El Gobierno de Australia anunció este miércoles que destinará unos 227,6 millones de dólares australianos (149 millones de dólares estadounidenses, 138 millones de euros) para un programa de empleo de personas con discapacidad, después de que un informe revelara los abusos que experimenta el colectivo en el país.
Esta cantidad es parte de una partida de 369 millones de dólares australianos (241 millones de dólares estadounidenses o 223 millones de euros) enmarcada en la respuesta a las recomendaciones de la Comisión Real sobre la Violencia, Abuso, Negligencia y Explotación de las Personas con Discapacidad, según comunicado gubernamental publicado hoy.
"Nos comprometemos a realizar un esfuerzo continuo y sostenido en todas las jurisdicciones y a todos los niveles gubernamentales para garantizar que la aplicación de las recomendaciones acordadas conduzca a un cambio real y duradero para las personas con discapacidad", dijo en el comunicado la ministra australiana de Servicios Sociales, Amanda Rishworth.
La respuesta del Gobierno de Australia se da después de que esta Comisión revelara en un informe final publicado en septiembre pasado que millones de australianos con discapacidad experimentan "altos niveles" de violencia, abuso, negligencia, así como de explotación sexual y financiera.
El "alto índice" de violencia que experimenta una parte de los 4,4 millones de personas con discapacidad, que representan el 18 % de la población australiana, es "inaceptable", especialmente entre las mujeres y aborígenes, precisó ese documento.
La Comisión también reveló que un 55 % de los adultos con discapacidad ha sufrido violencia física y sexual, en comparación a un 38 % de las personas sin discapacidad, así como problemas de exclusión y racismo que sufren los aborígenes o miembros del colectivo LGTBIQ discapacitados.
Además, esta Comisión, que fue creada en abril de 2019 para investigar el trato a las personas con discapacidad y analizó 8.000 casos escritos y 837 testimonios dados en audiencias públicas, instó en sus 222 recomendaciones a proteger el derecho a la no discriminación y la igualdad ante la ley, entre otras medidas.