Madrid, 14 jun (.).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que es "imposible" no recurrir la ley catalana que regula los precios del alquiler, al subrayar que "la anticonstitucionalidad es tan evidente" que "no se puede pasar por alto".
Ábalos ha respaldado la decisión que tomará mañana, martes, el Consejo de Ministros de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque el Gobierno no pedirá la suspensión automática de la ley.
Según el ministro, permitir que la norma se siga aplicando por ahora "no deja de ser un gesto importante", pero ha recalcado que su legalidad está en cuestión.
Ábalos se ha referido a este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del PSOE tras la reunión de la Ejecutiva del partido.
El secretario de Organización socialista ha justificado el recurso ante el TC en que es "muy difícil" no registrarlo a la vista del informe "tan negativo" dictado por la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la norma que el Parlament aprobó el pasado mes de septiembre con el apoyo de JxCat, ERC, los comunes y la CUP.
"Con ese informe, es imposible no recurrir. La anticonstitucionalidad es tan evidente que no se puede pasar por alto", ha enfatizado.
Entre las medidas que contiene la norma autonómica, está la obligación de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con "tensión" residencial en las 60 ciudades catalanas que suman más de 20.000 habitantes.
El titular de Transportes ha argumentado que garantizar el derecho a la vivienda "pasa por hacerlo de acuerdo con la ley, no al margen".
"Todo lo que podamos hacer en favor de la vivienda tiene que tener solidez jurídica", ha apuntado Ábalos al referirse a la ley del alquiler que está estudiando el Ejecutivo central.
Ha de ser, ha añadido, una norma que "garantice la seguridad jurídica, que no sea cuestionable y que no se exponga a ser recurrido por cualquiera".
El ministro ha rechazado las acusaciones vertidas contra el PSOE por parte de algunos colectivos de inquilinos de ponerse del lado de los intereses de los especuladores.
"Es muy temerario decir eso cuando uno pretende consolidar un derecho y no algo tan frágil como lo que se plantea", ha rebatido.