Madrid, 25 ene (.).- La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha apostado de nuevo este miércoles por una intervención pública en los precios de los alimentos para volver a los que tenían antes de la guerra en Ucrania, y ha vuelto a cargar contra el dueño de Mercadona, Juan Roig.
"No hay nombre propio por pomposo que sea que esté por encima del derecho de la gente a tener una alimentación sana a precios asequibles. Quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo, en España ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roig", ha reiterado Belarra en un acto de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Según ha dicho, "el bienestar se genera cuando no se aprovechan duras crisis económicas para engordar la cuenta de resultados a costa de la gente", por lo que el Gobierno seguirá trabajando en medidas estructurales para conformar y hacer cada vez más fuerte "esa red de protección que son los derechos sociales".
Para la ministra, el Gobierno ha demostrado en esta legislatura que la intervención pública en la economía es la que plantea las "medidas más eficaces", como, en su opinión, han resultado el tope al gas o la intervención en los precios del alquiler.
"Por eso ahora estamos planteando también la intervención pública en los precios de los alimentos, fijando su importe en el que tenían antes de la guerra y acompañando esta medida con ayudas al pequeño comercio", ha precisado.
Asimismo, Belarra ha considerado primordial avanzar hacia una renta garantizada "que deje atrás los problemas y deficiencias" del ingreso mínimo vital, cuya puesta en marcha, ha subrayado, ha sido un paso muy importante, pero que hoy necesita "más ambición, menos burocracia y más alcance".
Para todo ello, la ministra ha abogado por liderar este proceso a nivel europeo y ha considerado una "enorme oportunidad" la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que se celebra en el segundo semestre de este año.
"Cuanto peor es la situación, más deben hacer las instituciones públicas. Es el Estado quien debe impulsar las herramientas de intervención pública necesarias en cada momento para garantizar estos derechos", ha concluido Belarra, consciente de que queda mucho camino por recorrer.