Panamá, 2 may (EFE).- Panamá sigue hoy la polémica en torno a la aprobación parlamentaria de una reforma a la ley que rige las contrataciones públicas, porque no se incluyó un artículo que pedía inhabilitar en esos procesos a las empresas condenadas por corrupción en otros países.
"Desde el punto de vista jurídico es una ley que se puede entender como inconveniente, y lleva el mensaje desastroso de que estamos dándole la bienvenida a empresas corruptas. Eso es lo delicado", declaró hoy a Efe el abogado panameño y experto en Derecho Constitucional Ernesto Cedeño.
El proyecto de Ley Número 305, que modifica el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y que regula la contratación pública, fue aprobado el viernes pasado por la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), durante la última sesión del período ordinario de sesiones correspondientes a la actual legislatura.
La norma aprobada "violenta un convenio anticorrupción suscrito en Naciones Unidas (ONU) por Panamá", que "precisamente plantea que no se puede contratar con empresas corruptas", argumentó el abogado y catedrático panameño.
Cedeño se refirió así a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac, por su sigla en inglés), adoptada en 2003 y en vigor desde 2005, de acuerdo con la información de la ONU.
El abogado agregó que demandará ante el Supremo panameño por "inconstitucional" la norma si llega a ser avalada por el presidente del país, Juan Carlos Varela, quien aún debe firmarla para que sea publicada en la gaceta oficial y entre entonces en vigor.
También el expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) se ha mostrado a favor del veto legal para impedir que las empresas que en el extranjero han sido condenadas por corrupción puedan ser contratadas en Panamá.
"Honestamente me hubiera gustado que se vetara la participación de empresas condenadas en otros países por actos delictivos", dijo Pérez Balladares, según publicó este lunes el rotativo panameño La Estrella.
El presidente Varela ha asegurado que la aprobación parlamentaria del proyecto de ley de contrataciones "es un avance positivo", aunque ha reconocido que "se pudieron dar otros debates" sobre el texto pero "el tiempo se acabó", en referencia a que ya cerró el período ordinario de sesiones legislativas.
Respecto al artículo no incluido y madre de la polémica, Varela dijo el domingo pasado que agregarlo al proyecto legislativo iba a afectar de "12 a 14 contratistas del Gobierno".
"Algunos ministros plantearon" que el "artículo que se quería incluir afectaba no a uno o dos, a más de 12-14 contratistas del Gobierno de medicina, de tecnología, de finanzas, que han sido sancionados en otros países, no era una decisión fácil", declaró el presidente a periodistas.
La propuesta de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas la presentó el Ejecutivo ante la Asamblea, y entre otras incluye la eliminación de procedimientos como la licitación abreviada y las compras menores apremiantes, así como el establecimiento de un tope a las adendas en los contratos que no podrán sobrepasar el 40 % del monto originalmente pactado, según la información oficial.