Madrid, 09 mar (.).- La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha mostrado dispuesta a negociar con los grupos parlamentarios la tasa de 250 euros que deberán pagar las entidades financieras por cada reclamación que presente un cliente y que sea admitida a trámite por el futuro defensor del cliente bancario.
Dicha tasa serviría para financiar el funcionamiento de esa nueva institución -la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero-, según prevé el proyecto de ley que establece su creación y que este jueves ha superado su primer trámite en el pleno del Congreso de los Diputados, con el rechazo de la enmienda a la totalidad presentada por VOX (44 votos a favor, 194 en contra y 99 abstenciones), ya que ERC ha retirado la suya.
"La financiación de la Autoridad se podrá abordar sin ningún problema a lo largo de la tramitación de esta ley", ha ofrecido la ministra durante el debate, en el que varios grupos han cuestionado la conveniencia de esa tasa.
El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha planteado recientemente que sería mejor cobrarla en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad y no de las tramitadas.
Desde el Ministerio estiman que la estructura de la nueva Autoridad, que tendrá presidente, vicepresidente y 250 trabajadores, supone un coste de 23 millones de euros, que podrían ser sufragados con una tasa de 250 euros por cada una de las 100.000 reclamaciones que calculan que se podrían tramitar.
Calviño ha subrayado que el objetivo del nuevo órgano es facilitar al ciudadanos y a las pymes un medio alternativo al procedimiento judicial para resolver sus discrepancias con los operadores financieros, lo que, a su juicio, contribuirá a que los clientes tengan respuestas mas "ágiles" y a descargar los tribunales de pleitos de pequeña cuantía.
Según sus datos, a finales del año pasado había en los tribunales más de 30.000 asuntos de este tipo pendientes de resolver, bastantes de ellos con una antigüedad de más de diez años.
La ministra ha destacado también que, con la creación de esta Autoridad, no se sustituyen otros mecanismos de consumo dependientes de las comunidades autónomas y que el proyecto cuenta con un "fuerte apoyo" de las asociaciones de usuarios.
Ha señalado asimismo que el proyecto legislativo garantiza la protección de la atención personalizada a los clientes, teniendo en cuenta su edad, competencia, discapacidad y situación geográfica.
Esta nueva institución, que contará con un presidente y un vicepresidente nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable, centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El proyecto de ley considera vinculantes las resoluciones de cuantía inferior a 20.000 euros y prevé que la resolución pueda determinar la devolución de importes debidamente cobrados más los intereses de demora.
Para las reclamaciones sin contenido económico, establece la posibilidad de la Autoridad pueda reconocer al cliente una compensación de entre 100 y 2.000 euros, en función de la naturaleza, alcance y circunstancias particulares de la reclamación.
El texto recoge que se elaborará un modelo sencillo y accesible para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones y que éstas se podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemático.
La tasa de 250 euros por reclamación a las entidades financieras ha sido uno de los puntos de la ley criticados por VOX, que la considera un "sinsentido".
VOX ha basado su enmienda a la totalidad con petición de devolución al Gobierno en que el nuevo organismo púbico es "innecesario" y "vulnera la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica".