Bruselas, 5 may (.).- La Comisión Europea avaló este jueves el plan del Gobierno español que, con una dotación de 30 millones de euros, concederá bonos sociales de hasta 240 euros al año a hogares vulnerables para que puedan contratar Internet de banda ancha, informó la institución en un comunicado.
La medida forma parte del plan español de recuperación aprobado por las instituciones de la Unión Europea y con el que España absorberá los casi 70.000 millones de euros en subvenciones que tiene asignadas durante los próximos cinco años.
El objetivo de la iniciativa es ayudar a hogares y consumidores individuales que se encuentren en dificultades económicas a mejorar sus suscripciones a Internet de banda ancha o incluso a contratar nuevas para que la velocidad de descarga sea de al menos 30 megabits por segundo (Mbps).
La ayuda tendrá la forma de bonos sociales concedidos a los consumidores finales con periodicidad mensual para una cantidad total al final del año de 240 euros por beneficiario. El esquema estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
Bruselas consideró que el programa "no es discriminatorio", puesto que "cualquier proveedor de telecomunicaciones capaz de suministrar servicios de Internet de banda ancha a la velocidad de descarga requerida podrá ofrecérsela a los usuarios finales elegibles".
Además, los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario valoraron que es "necesario y adecuado" para lograr el objetivo de reducir la brecha digital que sufren los hogares vulnerables en España, así como que contribuirá a conseguir los objetivos estratégicos de la UE con respecto a la transición digital.
Por otro lado, la Comisión Europea subrayó que se trata de una medida "proporcionada" porque cualquier "efecto negativo" que pueda producir sobre la competencia y el comercio del bloque serán "limitados" por la baja cuantía de la ayuda y las características del sector.
Aunque la UE ya aprobó el Plan de Recuperación y Resiliencia de España en su totalidad, las autoridades comunitarias deben evaluar de forma individual cada programa de ayudas públicas que esté incluido en dicho plan para certificar que cumple con las reglas europeas de competencia.
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