Madrid, 16 oct (.).- Casi el 40 % de las familias españolas que viven de alquiler tienen que destinar más del 40 % de su renta bruta disponible al pago de los gastos relacionados con su vivienda, un sobreesfuerzo derivado de los encarecimientos registrados en los últimos años y que se concentra en los hogares con menos ingresos.
Esta es una de las conclusiones del informe publicado este miércoles por el Banco de España, que destaca, entre esos hogares con menos ingresos, los formados por jóvenes y los ubicados en las áreas donde se concentra la actividad económica y turística.
De esta forma, entre las grandes economías europeas, España es la que cuenta con un mayor porcentaje de sobreesfuerzo en el pago del alquiler, en contraste con Francia o Alemania, con un 17,5 %, e Italia, con un 28 %.
El mercado del alquiler ha crecido de forma sustancial en las economías avanzadas desde el inicio de la crisis financiera global durante la primera década del siglo XXI, que ha sido más relevante en las grandes áreas urbanas donde se concentra la actividad económica y se observa un mayor peso relativo del sector servicios, explica el informe.
En España, en concreto, el número de personas que residen en una vivienda arrendada se situó en torno a los 9 millones a finales de 2023, lo que supone un incremento estimado de unos 3,3 millones de personas desde 2007.
Este aumento ha sido posible gracias a la incorporación adicional de más de 1,3 millones de viviendas al parque de alquiler, que alcanzó los 3,6 millones de viviendas en 2023.
Pero esta evolución ha venido acompañada, a partir de 2015, por un aumento de los precios medios del alquiler que ha sido especialmente intenso en las grandes áreas urbanas y que es el resultado de un crecimiento de la demanda superior al de la oferta, que aumenta a un ritmo insuficiente, explica el informe.
Para los autores del informe, "un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública" y que dificultan, en particular, la emancipación de los jóvenes.
También "disminuyen la movilidad geográfica de los trabajadores y dan lugar a situaciones, tanto de sobresfuerzo y consumo restringido, como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos".
En cualquier caso, "la magnitud del problema hace difícil vislumbrar qué actuaciones aisladas de corto plazo puedan tener el alcance suficiente como para reducir de forma significativa las actuales dificultades de acceso a la vivienda", añade el informe.
Por ello, el Banco de España apuesta por que las medidas adoptadas contemplen un horizonte temporal amplio, involucren a las distintas comunidades autónomas con responsabilidades en materia de vivienda y pongan un foco especial en el estímulo de la oferta.
Más vivienda pública a precios asequibles
La actual rigidez de la oferta de alquiler "indicaría la necesidad de continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y en el diseño de un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados".
Además, advierte el informe, la asignación de los recursos podría priorizar actuaciones sobre los colectivos más vulnerables y considerar otros ámbitos que afectan al mercado de la vivienda, como los relativos al funcionamiento del mercado de trabajo, al dinamismo de la productividad de la economía y a las políticas tributarias y de transporte.
Al mismo tiempo, en un contexto de oferta rígida, el diseño de las políticas públicas debiera evitar que algunas iniciativas, cuya efectividad pudiera ser relativamente limitada para la protección de la demanda en el corto plazo, acaben generando efectos indeseados significativos que dificulten el funcionamiento del mercado del alquiler a medio y largo plazo.
El informe se publica un día después de que el Gobierno sacara en audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, que se espera que esté listo antes de que finalice el año, y que conlleva un registro previo sin el que no se podrán comercializar.
También aprobó la distribución territorial de los 200 millones de euros para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, todo ello en el primer Consejo de Ministros celebrado después de las manifestaciones del pasado domingo pidiendo una bajada de los precios del alquiler.
Según avanzó ayer la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el Ejecutivo aprobará más medidas y no parará hasta dar solución al problema que tienen miles de personas en el país.
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