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Cataluña presenta recurso de inconstitucionalidad contra ingreso mínimo vital

Publicado 23.02.2021, 18:32
© Reuters.  Cataluña presenta recurso de inconstitucionalidad contra ingreso mínimo vital

Barcelona, 23 feb (.).- El Gobierno catalán ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos del real decreto ley , la norma en la que se sustenta el ingreso mínimo vital (IMV).

Se trata de uno de los acuerdos alcanzados este martes por el Consell Executiu, del que ha dado cuenta la portavoz del Gobierno catalán y consejera de Presidencia, Meritxell Budó, en una rueda de prensa posterior.

Según indica un comunicado, el Consell de Garanties Estatutàries ya dictaminó el pasado 28 de agosto que varios artículos de esta ley vulneran las competencias de la Generalitat.

Asimismo, semanas antes, concretamente el 4 de agosto, la Generalitat acordó entablar negociaciones con el Gobierno Central en la comisión bilateral para resolver las "discrepancias suscitadas".

Puesto que todavía no se ha alcanzado un acuerdo en esas negociaciones, la Generalitat ha optado ahora por presentar el citado recurso de inconstitucionalidad, dado que se acerca la fecha límite para poder hacerlo, el 3 de marzo.

El Ejecutivo catalán ha remitido al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "una propuesta concreta de convenio de traspaso, con la correspondiente valoración económica y una propuesta de implementación", según las mismas fuentes.

El ministerio, sin embargo, respondió a ese documento con "propuestas que no suponían un traspaso de la competencia sino una simple colaboración administrativa".

Entre otras cuestiones, el Ejecutivo catalán defiende que tiene "la competencia exclusiva en el ámbito de las prestaciones sociales, por lo cual el IMV, como prestación social dirigida a la población más vulnerable, debe ir coordinada con el sistema de protección social de Cataluña y con la renta garantizada de ciudadanía (RGC)".

El comunicado de la Generalitat destaca que la interposición del recurso de inconstitucionalidad "no tendrá ningún efecto negativo en la ciudadanía porque no frena la gestión ni la tramitación de la prestación".

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