Barcelona, 9 jun (.).- La siderúrgica catalana Celsa ofrece 400 millones adicionales a los fondos que controlan deuda de la compañía por valor de unos 2.200 millones con el fin de desbloquear la ayuda financiera ofrecida por la SEPI.
En un comunicado, Celsa, controlada por la familia Rubiralta, ha explicado que esta mañana ha trasladado una nueva oferta a los fondos "en un último esfuerzo por impedir la obstrucción que los fondos están realizando a la financiación pública".
Celsa precisa que esos 400 millones adicionales se suman a los previstos en el plan SEPI, que contemplan 450 millones de repago inmediato y 662 millones en un plazo de siete años.
En concreto, estos 400 millones suplementarios puestos encima de la mesa ahora por Celsa "están divididos en una cantidad fija y una variable determinada en función del ebitda (o beneficio bruto de explotación) que se alcance entre los años 2023 y 2030", aclara la compañía.
De esta forma, Celsa trata de desbloquear los 550 millones de ayuda financiera ofrecidos por SEPI -400 millones para sanear balance y 150 para impulsar el plan estratégico de la compañía, según fuentes cercanas a Celsa- y también de impedir que los fondos entren en el accionariado de la compañía.
En todo este proceso, además, los propietarios de Celsa también se han comprometido a aportar 50 millones de euros, pero los fondos insisten por el momento en convertir su deuda en capital y en quedarse con parte de la compañía.
"Con esta oferta, la concesión de la ayuda pública y el futuro de 30.000 puestos de trabajo quedan a expensas de la decisión de Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Goldman Sachs (NYSE:GS), SVP y Cross Ocean, fondos buitre que no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con enormes descuentos de hasta el 90 %, y que pretendían con la oferta planteada obtener rentabilidades medias anuales usurarias, próximas al 80 %", sostiene Celsa.
Y es que la compañía sigue alegando que una cosa es el valor nominal de la deuda en posesión de los fondos y otra el precio real pagada por ella.
Celsa asegura que la propuesta formulada este jueves cuenta "con el respaldo unánime del comité ejecutivo y el consejo de administración" de la siderúrgica, que han aceptado este incremento adicional "como último esfuerzo para salvar el boicot a la ayuda pública por parte de los fondos", subraya.
"Ambos órganos sostienen que las pretensiones de los fondos rompen los límites del correcto uso de la financiación pública que no puede utilizarse como base de una estrategia especulativa propia de los fondos distress, a costa de un daño irreparable para todos los grupos de interés de la compañía", insiste la empresa.
En los últimos días tanto la Generalitat como la patronal Foment y los sindicatos UGT y CCOO han salido en defensa de Celsa y de su continuidad industrial en este pulso que mantiene con los fondos.
Celsa necesita un acuerdo con los tenedores de su deuda antes del 30 de junio, dado que entonces expira el marco temporal de ayudas públicas por la covid.