Lisboa, 4 abr (.).- La consejera delegada de la aerolínea portuguesa TAP, Christine Ourmières-Widener, cuyo cese fue anunciado hace un mes pero que sigue en funciones, aseguró hoy que se siente un "chivo expiatorio" en una "batalla política" y apuntó responsabilidades al Gobierno sobre la polémica indemnización que derivó en su despido.
"Soy un mero chivo expiatorio en una batalla política", defendió durante una comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de TAP, cuyo capital está al 100 % en manos del Estado portugués.
Ourmières-Widener respondió a preguntas de los diputados sobre la salida de TAP, en febrero de 2022, de la administradora Alexandra Reis, que recibió una indemnización de medio millón de euros.
El caso derivó meses después en una crisis de Gobierno del primer ministro socialista, António Costa -Reis había sido nombrada secretaria de Estado- y la cúpula de TAP fue cesada cuando la Inspección de Finanzas concluyó que la indemnización era ilegal.
VISTO BUENO DEL GOBIERNO
La CEP de TAP afirmó que la indemnización contaba con el visto bueno del entonces ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, uno de los pesos pesados del Gobierno y delfín de Costa, que dimitió en diciembre a raíz del caso.
Ourmières-Widener dijo que recibió un mensaje de texto del secretario de Estado de Infraestructuras, Hugo Mendes, en el que le informaba de que el ministro Santos autorizaba la operación.
La gestora se limitó a "coordinar" el proceso de salida de Reis, que pasó "por muchas manos", y aseguró que no tomó las decisiones.
Así, no entiende cómo su despido puede ser "procedente" y denunció que, un mes después, sigue en funciones sin que le hayan dado orientaciones y en un momento "crítico" para TAP, con la campaña de verano por delante.
"Fui despedida por televisión por dos ministros en un acto ilegal", aseveró.
Ourmières-Widener refirió también que no esperaba tanta "presión política" cuando aceptó liderar TAP, en 2021, y que es "difícil" trabajar por la compañía con tanto "ruido" alrededor.
El caso TAP causó una crisis en el Gobierno de António Costa, que acabó en la dimisión del ministro de Infraestructuras y además dejó cuestionado al todavía titular de Finanzas, Fernando Medina.
Costa se mostró este martes tranquilo con la comisión parlamentaria que investiga la tutela política a TAP, pero no quiso avanzar qué consecuencias saldrán de este proceso.
"Nunca estoy preocupado cuando se trata de buscar la verdad. El país nunca se queda peor sabiendo la verdad, sea cual sea esa verdad y le duela a quien le duela", manifestó.