Madrid, 30 mar (.).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe al anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, de la que advierte de que puede invadir "el espacio que la Constitución reserva al Poder Judicial".
El órgano de los jueces ha aprobado el informe por unanimidad, con el voto concurrente de la magistrada Nuria Díaz, ha informado el organismo en un comunicado.
La creación de un sistema de resolución extrajudicial de controversias entre las entidades financieras y sus clientes "vulnera la exclusividad de la jurisdicción consagrada en el artículo 11 7.3 de la Constitución Española y la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la norma fundamental", indica el texto.
La Administración, añade, "no puede crear instancias administrativas para resolver coactivamente controversias entre particulares regidas por el derecho privado, ya que ello comporta la invasión del espacio que la Constitución reserva en exclusiva al Poder Judicial".
Asimismo, critica la posibilidad de que, cuando el volumen de las reclamaciones previstas requiera temporalmente para su tramitación de medios personales adicionales, la Autoridad Administrativa "podrá recabar la colaboración de otros órganos o entidades públicas o privadas".
Es "inadmisible" que la potestad de resolver conflictos privados entre particulares pueda cederse a cualquier órgano o entidad pública o privada.
El CGPJ afea también la "exorbitante" definición de cliente financiero, que incluye tanto a personas físicas como jurídicas, ya que otorgar a todos "el mismo nivel de protección se contradice con la norma europea que excluye expresamente los litigios entre comerciantes.
Por lo que respecta a la definición de lo que es una cláusula abusiva, el informe ve que "adolece del desconocimiento de su dimensión subjetiva", ya que se deben valorar las circunstancias particulares de cada caso.
El CGPJ critica también la tasa de 250 euros que las entidades deben asumir por cada reclamación admitida, y considera que el importe se debería adaptar a la cuantía de la reclamación o, de lo contrario, podría darse el caso de que fuera mayor la tasa que el importe reclamado.