Nancy De Lemos
San José, 10 abr (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se quedó hoy sin su proyecto estrella de Gobierno, la reforma fiscal, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional, en una decisión que es inapelable.
Durante el último año, la aprobación legislativa de esa reforma había sido la prioridad del Ejecutivo, bajo el argumento de que el país enfrenta una crisis fiscal, con un déficit que ronda el 5 % del producto interno bruto (PIB).
El proyecto, que contaba con el apoyo del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), pretendía aumentar la recaudación fiscal en un 1,5 % del PIB mediante la creación de diversos impuestos, entre ellos uno al valor agregado, con una tasa del 14 %, además de gravar a la educación y salud privadas.
También incluía un impuesto a las zonas francas y el cobro de renta global y mundial, entre otros puntos.
Pese a que el proyecto ya había superado la primera de dos votaciones en el Congreso, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvieron este martes que su trámite legislativo estuvo cargado de vicios y, por lo tanto, queda anulado.
El fallo de la Sala, de carácter inapelable, llega apenas un día después de que Chinchilla defendiera en una cadena de radio y televisión la necesidad de la reforma.
Ello, pese al rechazo popular al proyecto y los recientes escándalos por evasión de impuestos que obligaron, la semana pasada, a renunciar al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y al director de recaudación, Francisco Villalobos.
En su comunicado, la Sala Constitucional argumentó que al estudiar el texto de la reforma fiscal encontró que "se produjeron vicios esenciales del procedimiento" legislativo para su aprobación, y, además, no se publicaron un gran número de mociones que modificaban profundamente el texto.
La presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, explicó a medios locales que ante estos vicios, los magistrados ni siquiera analizaron el proyecto por el fondo, pues no puede ser aprobado con los errores de forma.
El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, dijo este martes tras conocer el dictámen judicial que el Gobierno tiene un "absoluto respeto a la resolución de la Sala" Constitucional.
Añadió que el Ejecutivo esperará para conocer el texto completo del fallo a fin de valorar los pasos a seguir, sin más detalles.
El Gobierno tiene dos caminos: presentar un nuevo proyecto al Congreso, o reiniciar todo el trámite con el mismo texto, lo que parece improbable.
La propia presidenta Chinchilla, al resaltar la importancia de la reforma fiscal frente a las críticas opositoras, ha señalado que su Administración carece de un "plan B" para paliar la crisis fiscal.
Chacón resaltó este martes que el problema del déficit fiscal costarricense "sigue ahí" y que decisiones como la emitida por el Supremo "demuestra que el país no sabe hacerle frente con respuestas expeditas".
Por su parte, diputados opuestos a la reforma celebraron la resolución de los magistrados y afirmaron que ratifican sus argumentos en contra del proyecto.
La diputada del Movimiento Libertario (derecha), Patricia Pérez, manifestó que a partir de la decisión del Supremo "los costarricenses van a dormir tranquilos".
"Es un triunfo para el pueblo (...) celebramos el entierro del paquete fiscal porque tal como lo habíamos denunciado, sus promotores atropellaron las reglas básicas de la democracia desde el inicio del trámite en comisión", afirmó por su parte el diputado del izquierdista Frente Amplio, José María Villalta.
Villalta y legisladores de otros partidos indicaron que tienen "total anuencia" a promover reformas tributarias enfocadas a combatir la evasión fiscal y controlar el gasto público, pero atendiendo los procedimientos legales. EFE