Madrid, 4 may (.).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi) ha concluido en un laudo que España debe pagar al fondo británico Infracapital 24,9 millones, más costas e intereses, por los daños que le causó el recorte de las primas a las renovables.
Según han indicado a EFE fuentes conocedoras del proceso, que han confirmado la información que publica este jueves El Confidencial, el Ciadi, organización del Banco Mundial, dictó su laudo sobre este arbitraje, presentado por Infracapital e Infracapital Solar, el pasado 2 de mayo.
En el mismo, se le reconoce al fondo británico ser indemnizado por España con 24,9 millones por los daños que le causó el cambio normativo de la retribución a las instalaciones renovables, más el 60 % de los costos en los que tuvo que incurrir en su reclamación e intereses.
Infracapital invirtió entre junio de 2010 y octubre de 2011 en seis instalaciones fotovoltaicas bajo el régimen del real decreto 1578 del año 2008, pero luego esa normativa fue cambiada por el Gobierno del PP, que introdujo recortes a la retribución en la nueva que aprobó.
El fondo británico presentó en junio de 2017 una demanda ante el Ciadi invocando el Tratado de la Carta de la Energía (un tratado transfronterizo del año 1994 que permite dirimir controversias de inversores y empresas con países).
El tribunal arbitral al que se ha sometido el caso ha determinado que España había incumplido el estándar de trato justo y equitativo que establece el Tratado de la Carta de Energía, dado que el nuevo régimen regulatorio de España no proporcionó a las instalaciones de energía renovable del fondo británico un rendimiento razonable.
Además, señala que hubo una aplicación retroactiva sobre las ganancias pasadas de esas instalaciones.
En este arbitraje, han actuado como asesores legales de Infracapital los bufetes de abogados Allen & Overy y Gibson Dunn & Crutcher LLP.
Hasta la fecha se han presentado un total de 52 arbitrajes en distintas cortes internacionales por el recorte a las renovables, que reclamaban una suma de unos 10.000 millones.
De estos arbitrajes, se han dictado 29 laudos de los cuales España ha ganado seis, se han anulado dos y otros 19 están pendientes de resolución, mientras que en tres casos los demandantes han retirado su reclamación para acogerse a la normativa aprobada en 2019, que garantiza una rentabilidad del 7,39 % hasta 2031, si renuncian a los procesos arbitrales.
Los laudos dictados han rebajado las indemnizaciones reclamadas a cerca del 15 % sobre lo demandado, con lo que la cantidad se vería rebajada a cerca de 1.000 millones de euros.
No obstante, España ha formulado recursos de anulación ante los tribunales internacionales que estimaron parcialmente las reclamaciones de los inversores, lo que ha llevado a que aún no se haya ejecutado ningún laudo.
Además, el Gobierno español ha dicho que no ejecutará ninguno hasta que la Comisión Europea (CE) decida si estas indemnizaciones pueden constituir una ayuda de Estado ilegal.
Pero el CIADI envió en enero a la Abogacía General del Estado una carta en la que instaba al Ejecutivo española a ejecutar el pago de más de 120 millones en favor del fondo de inversión francés Antin.
Además, recientes fallos en Reino Unido y Australia han abierto la puerta a embargar determinados bienes de España en ambos países ante la no ejecución de los laudos.