Washington, 3 jul (EFE).- La reunión de consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) con motivo de la disputa de Argentina con los conocidos fondos buitre dio comienzo en Washington con una propuesta de respaldo al país sudamericano presentada por Uruguay y Brasil.
De apoyarse el texto, la institución hemisférica podría concluir el encuentro con una resolución de apoyo para que Argentina pueda reestructurar su deuda, similar a las emitidas por otros organismos internacionales como la Celac, Mercosur o Unasur.
Aunque la OEA no tiene capacidad de decisión sobre la disputa, Argentina busca en su seno un nuevo aliado político que ejerza presión en las negociaciones.
El canciller argentino, Héctor Timerman, y el ministro de Economía de ese país, Axel Kicillof, se reunieron previamente de manera privada junto a otros cancilleres y representantes del continente para acercar posturas antes del comienzo de la sesión.
Al menos once ministros de Exteriores del continente han confirmado su presencia a la cita; los de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Argentina quiere explicar a los países de la región los riesgos internacionales que implica la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, que en su opinión sienta un precedente judicial que pone en peligro la capacidad de los estados de renegociar su deuda en casos de necesidad.
El fallo del juez neoyorquino fue favorable a un grupo de fondos especulativos que no aceptaron las reestructuraciones de deuda planteadas por el país suramericano en 2005 y 2010 (canjes a los que se acogieron el 92 % de los acreedores) y denunciaron al Gobierno argentino.
La situación actual puede llevar a Argentina a una nueva suspensión de pagos ya que, según Buenos Aires, el efecto dominó puede elevar el monto de pago más allá de 1.500 millones de dólares adeudados a los fondos rebeldes, liderados por NML Capital.
Argentina teme que los tres fondos que se inclinaron por la batalla legal y no por el canje podrían llevar a otros acreedores que no negociaron a tomar la vía legal y acabar exigiendo 15.000 millones.