Túnez, 12 abr (.).- El empresario tunecino y excandidato a las presidenciales Nabil Karoui fue condenado hoy en rebeldía a un año de prisión y una multa de cinco millones de dinares (equivalente a 1,5 millones de euros) por haber infringido la ley electoral en un caso de cabildeo durante los comicios de 2019.
Según la emisora Mosaïque FM, el Tribunal de Primera Instancia de la capital impuso una pena similar a su esposa, que reside actualmente en Francia junto a Karoui, y a otros tres acusados, uno de ellos de otra nacionalidad.
En noviembre pasado la Justicia sentenció "in absentia" a seis meses de cárcel a este magnate de la televisión y a su hermano, el exdiputado Ghazi Karoui, por haber cruzado de manera ilegal la frontera con Argelia, país donde fueron detenidos un año antes, mientras se enfrentaban a varios casos de corrupción.
Karoui, que encabezaba las encuestas de intención voto y llevó a cabo su campaña electoral de la primera vuelta desde prisión, perdió en la segunda ronda contra el actual mandatario, Kais Said, que obtuvo el 72% de las papeletas.
Su partido Corazón de Túnez, segunda fuerza en las legislativas de ese mismo año, se convirtió en uno de los socios del Gobierno junto a la formación islamista Ennahda.
Sin embargo, en julio de 2021 el presidente se hizo con plenos poderes -que incluyó la suspensión del Parlamento y el cese del Gobierno- para "rectificar" el proceso revolucionario y "preservar la paz social".
Poco después, la Justicia anunció la apertura de una investigación sobre la financiación de campañas electorales desde el extranjero y las donaciones anónimas, tipificados como delitos, aunque hasta ahora no había pronunciado penas al respecto.
Desde entonces los partidos políticos han sido excluidos del hemiciclo por una nueva ley electoral, aprobada unilateralmente por Said, que les acusa de "obsoletos" y responsables de la crisis que arrastra el país en la última década. Estos se han visto abocados a la oposición y tratan de organizarse a través de varias alianzas y movilizar a los ciudadanos contra lo que califican de "golpe de Estado".
El pasado mes de febrero las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una campaña de detenciones contra una veintena de figuras políticas, empresarios, jueces y periodistas acusados de "complot contra la seguridad del Estado". Un caso "vacío", según la defensa, que acusa a las autoridades de acoso judicial contra la disidencia.