Madrid, 8 may (.).- El sindicato CSIF ha presentado una iniciativa legislativa popular (ILP) para derogar el recorte en las pagas extraordinarias de los empleados públicos aprobado en 2010 como parte de las medidas para reducir el déficit público.
"Lo que era una medida extraordinaria se ha convertido en algo estructural que lleva doce años y por el que los empleados públicos hemos dejado de cobrar 30.000 millones de euros", ha afirmado este lunes el presidente de CSIF, Miguel Borra, en la rueda de prensa en la que el sindicato ha presentado la ILP.
Borra ha detallado que el recorte conlleva que, cada año, los funcionarios de nivel A1 dejen de cobrar 1.600 euros; los A2, 1.000 euros; y los C1, 500 euros.
"Ha llegado el momento de acabar con esta medida extraordinaria", ha indicado el presidente de CSIF, que ha explicado que, como ningún Gobierno ha acabado con "el recorte del señor (José Luis Rodríguez) Zapatero", han decidido llevar a cabo esta iniciativa.
Borra ha dicho confiar en que la Mesa del Congreso actúe con "la celeridad suficiente" para poder poner en marcha la recogida de firmas y que prospera la ILP.
Asimismo, el líder de CSIF ha apuntado que desde el sindicato se ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le exigen que se reabra la negociación de las condiciones salariales de los empleados públicos.
El pasado octubre, el Gobierno llegó a un acuerdo con CCOO y UGT por el que los salarios de los empleados públicos crecería hasta un 9,5 % entre 2022 y 2024, un pacto al que no se sumó CSIF.
"Exigimos a nuestra patronal, el Gobierno, que no nos trate peor que la patronal de la privada a los trabajadores de la privada" ha espetado Borra, que lamenta que según el citado acuerdo la subida salarial pactada para los empleados públicos este año es del 2,5 %, mientras que el principio de acuerdo entre sindicatos y CEOE para el sector privado habla de un 4 %.
El líder de CSIF ha avisado al Ejecutivo de que, de no renegociar las condiciones salariales, se incrementará la conflictividad en el sector público.
Preguntado sobre la posibilidad de una huelga, ha indicado que no descartan "ninguna medida", y ha recordado que el conflicto ya ha escalado a huelgas en la Administración de Justicia y en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).