Madrid, 2 oct (.).- El presidente de la plataforma Denaria, Javier Rupérez, ha denunciado este miércoles que las administraciones públicas van en contra de la propia legislación a favor del uso del efectivo, ya que por ejemplo la ley de vivienda no permita pagar un alquiler con dinero en metálico.
Igualmente, la ley del trabajador autónomo tampoco deja que se deduzcan los gastos en establecimientos de restauración si se realizan en efectivo o la ley del IRPF y las diferentes normas autonómicas impiden deducir determinados gastos pagados en metálico.
Además, durante su participación en el Foro Global de Divisas en Mascate, Omán, en el que expertos de bancos centrales, asociaciones y organizaciones de defensa del consumidor han analizado la importancia del efectivo, Rupérez ha recordado que en España el límite en comercios para pagar en metálico es de 1.000 euros "frente a la referencia de 10.000 euros del Banco Central Europeo" (BCE).
Desde su creación, la plataforma Denaria ha defendido la importancia del efectivo para los ciudadanos y su elevada demanda por parte de la mayor parte de la población.
Recordó que, según datos del Banco de España, se han cerrado cuatro oficinas bancarias al día desde 2015, lo que suma un total de casi 18.000 sucursales y a pesar de ello el importe de la retirada de efectivo en cajeros creció un 30 % respecto a antes de la pandemia (de 137 a 180 euros).
Denaria tiene claro que el acceso al efectivo es cada vez más difícil y así lo constatan seis de cada diez españoles, según una encuesta sobre el uso y el acceso del dinero efectivo en España elaborada por la propia plataforma y GAD3. Sin embargo, el efectivo sigue siendo el método de pago más usado en establecimientos físicos.
Por otro lado, el presidente de Denaria presentó al resto de participantes en el foro el canal gratuito de denuncias que la plataforma puso a disposición de aquellos ciudadanos que son privados de ejercer su derecho a pagar en efectivo según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de mayo de 2022.
Y compartió que en mayor porcentaje de quejas de los usuarios son con la Administración Pública, que precisamente es quien debería asegurar el cumplimiento íntegro de la ley.