MADRID (Reuters) - Varios despachos de abogados están estudiando los últimos acontecimientos en el seno del Banco Popular (MC:POP) por si cabe una eventual demanda contra la entidad después de anunciar la víspera que tenía que revisar su balance tras una auditoría interna que desveló falta de provisiones y un ajuste patrimonial.
La noticia se vio sucedida por la dimisión del consejero delegado y por un descenso del 10 por ciento en el precio de las acciones a pesar de que el auditor de sus cuentas, PWC, dijo que los ajustes "no representan por sí solos, ni en su conjunto, un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad al 31 de diciembre de 2016 que justifiquen su reformulación".
En Estados Unidos, los despachos de abogados especialistas en derechos de accionistas Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC; Rosen Law Firm y Lundin Law, anunciaron en tres comunicados que han abierto una investigación para una potencial demanda tras los sucesos de la víspera.
Las tres firmas mencionan que las investigaciones se producen "tras revelarse que una auditoría interna había detectado deficiencias financieras en relación con su ampliación de capital y la anunciada dimisión del consejero delegado Pedro Larena" provocando una caída del 10 por ciento en el precio de la acción.
En España, el despacho Navas & Cusi, también especializado en derecho del accionista, dijo que había recibido consultas de accionistas que acudieron a la última ampliación y que podría presentar una demanda si comprueban que pudo haber valoraciones indebidas.
"El cliente que ha acudido a la última ampliación percibe que no conocía las cuentas y que si las hubiera conocido, no hubiera ido", dijo a Reuters Juan Ignacio Navas, letrado socio director del despacho.
"Analizamos las cosas con prudencia (...) El accionista tendría derecho a reclamar si se identifica que hubo valoraciones indebidas, si realmente las cuentas que se presentaron no concordaban con la realidad financiera del banco", dijo.
El banco, que no quiso hacer comentarios preguntado por las potenciales demandas, ha reconocido que los ajustes obligarán a aplicar provisiones en 2016 y a rebajar su patrimonio neto y ratio de capital.
La entidad admitió la víspera que va a incluir en sus cuentas una serie de ajustes después de que su departamento de auditoría interna investigase la cartera de créditos y la financiación a clientes en relación con la compra de acciones en su última ampliación de capital.
Una fuente con conocimiento de la situación dijo el martes que las pérdidas adicionales derivadas de estos ajustes podrían restar unos 240 millones de euros en las cuentas de 2016, que ya arrojaron un quebranto neto de 3.500 millones de euros.
Los ajustes también mermarán los niveles del capital del banco en unos 50 puntos básicos, según la misma fuente.