Madrid, 27 feb (.).- EH Bildu, ERC y BNG han presentado en el Congreso una iniciativa conjunta en la que instan al Gobierno a paralizar el proceso de privatización de las torres de control de los aeropuertos de Bilbao, Santiago, Palma, Málaga, Gran Canaria y Tenerife Sur y Tenerife Norte.
A través de una proposición no de ley, piden que se retire lo recogido en la orden ministerial del pasado 9 de febrero del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se determina que las torres de control de los citados aeropuertos pasen a ser gestionadas por proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo.
En su exposición de motivos, EH Bildu, ERC y BNG señalan que dicha decisión "tendría afección sobre la prestación de servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo, sumando así estas torres a las 12 ya privatizadas".
Los aeropuertos en cuestión son "de alta complejidad operativa", abocando esta decisión a "una situación de riesgo de deterioro" de los servicios de gestión del tráfico aéreo respecto al actual prestado por el personal de Enaire, cuyas prestaciones "cuentan con estándares de calidad reconocidos reiteradamente por los distintos organismos estatales e internacionales".
En su opinión, cualquier decisión liberalizadora "debería basarse en razones de tipo económico, de calidad y seguridad".
Los anteriores procesos de liberalización demuestran que, aunque las empresas privadas adjudicatarias puedan gozar de todas las autorizaciones legales requeridas para prestar el servicio, "no se producen mejoras en lo relativo a la eficiencia económica que se pretende perseguir o en lo relativo a las condiciones de trabajo del personal controlador y la propia seguridad".
Respecto de la eficiencia económica, "no está nada claro que se vaya a mejorar", dado que el teórico ahorro irá a parar a beneficios de los inversores privados de Aena (BME:AENA) mediante el reparto de dividendos y que no habrá repercusión en el abaratamiento de costes de las compañías aéreas y de los pasajes a los usuarios.
También alertan de la merma de las garantías referentes a las condiciones de trabajo del personal controlador, ya que las empresas privadas "someten a su personal a fuerte presión laboral, despidos incluidos, y con obligaciones administrativas simultaneas a sus tareas de control que no casan bien con la seguridad aérea, según han denunciado reiteradamente los sindicatos".
A ello se suma que la política de despidos y rotación de personal llevada en este tipo de empresas conlleva antigüedades pequeñas y menor experiencia en los trabajadores, "cuestión esta clave en la calidad y la seguridad".
Según los informes anuales de Enaire, desde 2013, el coste de Aena para el servicio de aeródromo por operación ha ido descendiendo desde los 98,6 euros hasta los 55,6 euros en 2019.
El coste de 2022 está sin publicar y los de 2020 y 2021, a causa del descenso brutal del tráfico debido a la pandemia, no son datos que se puedan usar de manera comparativa en una situación de normalidad.
Si este proceso tiene continuidad con más privatizaciones, "se cuestionará la misma viabilidad de la empresa pública Enaire, viabilidad que afectará a la formación y la calidad del personal", advierten.
Desde el punto de vista de la seguridad, se van a separar las funciones de control de aproximación y las de control de torre en más aeropuertos y, al prestarse las primeras desde aeropuertos alejados, puede conllevar un aumento de riesgos y falta de elementos de proximidad ante situaciones críticas.
Asimismo, se afirma que las nuevas torres a privatizar son sin aproximación, pero, por ejemplo en el caso de Bilbao, se presta este servicio, aunque, en teoría, es una posición separada de la de torre.
Sin embargo, a nivel operativo, se prestan ambos servicios de forma conjunta y con la misma plantilla de controladores que comparten espacio, cosa que facilita enormemente la coordinación de todo tipo de tráfico.
El actual modelo de gestión de la aproximación y torre con el mismo personal habilitado para las dos funciones y trabajando de forma conjunta y coordinada en el mismo espacio "es vital para optimizar tiempos y condiciones de seguridad".
De no ser así, la seguridad solo se podría garantizar en base de penalizaciones considerables en tiempos de espera para despegue y tiempos de aproximación por tener que aplicarse tiempos y distancias estandarizadas.
Por ello, las tres formaciones consideran que, de llevarse adelante estas adjudicaciones, se estaría ante un cambio de modelo "sin precedentes", sustituyendo toda la plantilla por nuevos controladores, lo que puede dar lugar a situaciones de carencia de experiencia en escenarios operativos concretos de cada aeropuerto.
Además, recuerdan que "no existen experiencias en Europa de liberalización en el servicio de control de aeropuertos de similar tamaño y complejidad".