Madrid, 4 abr (.).- Eiffage (EPA:FOUG) Construcción, filial española del grupo francés y que cuenta con más de 1.000 empleados en España, facturó 318,6 millones de euros el año pasado, un 15,4 % más que en 2022, y se ha marcado como objetivo elevar este año la cifra hasta los 333 millones de euros.
La constructora prevé que la obra civil y la edificación sea el área que registre un mayor crecimiento, hasta el 33,4 % del volumen de negocio previsto para este año. No obstante, el de asfalto y conservación viaria seguirá siendo la principal, al representar el 37,7 % del total.
Por su parte, la de áridos, hormigón y transporte rozará este año el 29 %, según ha señalado en un comunicado.
En términos de contratación, Eiffage Construcción incrementó en 2023 un 28 % su volumen hasta los 384,5 millones gracias a los contratos de exportación de áridos a Estados Unidos y Latinoamérica o los trabajos adjudicados en la base de Morón de la Frontera.
Por su parte, la inversión alcanzada el pasado año fue de 19,5 millones para aumentar la productividad en sus 27 plantas de hormigón, 20 plantas de asfalto y 23 canteras ubicadas en las delegaciones con las que cuenta la compañía en España, donde tiene más de 1.000 empleados.
Para este año se espera que la inversión ascienda hasta los 22,3 millones, un 14 % más.
Rechaza el abuso de los medios propios del Estado
Para evitar el desperdicio de los fondos europeos la constructora pide incentivar la competencia empresarial y recomienda que en los pliegos de contratación se primen las empresas con medios propios y se reduzca la ejecución de obras a través de empresas con capital público.
En este sentido, coincide con la patronal de la construcción CNC en que el excesivo uso de medios propios por parte del Estado y de las comunidades autónomas puede frustrar los objetivos del Plan de Recuperación. Además, para agilizar la llegada de los fondos europeos propone una ventanilla única en los procesos administrativos.
Además, la constructora demanda asimismo una simplificación y unificación de la normativa a nivel nacional para la obtención de autorizaciones y licencias, que se actúe contra la competencia desleal que representan las canteras y plantas de hormigón ilegales o los vertederos irregulares de residuos de obras, que se combata la economía sumergida y se sancione a las empresas que no cumplan con la ley de morosidad.
La compañía, que está integrada por un conglomerado de empresas, lleva 50 años operando en España, donde cuenta con 18 delegaciones.