Bruselas, 19 dic (.).- La Comisión Europea (CE) denunció este lunes que el 43 % de los sitios web incumplieron durante la campaña del "Black Friday" (Viernes Negro) las normas de la Unión Europea (UE) que establecen que las tiendas, al anunciar un descuento, deben indicar el precio más bajo aplicado al producto en los 30 días anteriores.
Según un comunicado publicado este lunes, la Comisión y 13 autoridades nacionales de protección al consumidor hicieron en un análisis de varios sitios web y denunciaron que más de la mitad de los productos monitorizados presentaron una reducción de precios en los que el 43 % eran "claramente incompatibles con la legislación de la UE".
El Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, señaló que los resultados del análisis muestran una infracción de la legislación comunitaria y que "los consumidores continúan expuestos a una gran cantidad de descuentos falsos y prácticas comerciales desleales".
"Las buenas ofertas deben ser una ventaja real y no una técnica de marketing manipuladora. Siempre deben basarse en una diferencia de precio concreta”, explicó Reynders.
Las autoridades nacionales, bajo la coordinación de la Comisión, monitorizaron a lo largo de un mes los precios de 16.000 productos de 176 sitios web con el objetivo de verificar cómo se presentaban los descuentos en línea durante la campaña del "Black Friday" y comprobar si los comercios habían cumplido con la directiva de Indicación de Precio.
Algunos sitios web aumentaron los precios de sus productos las semanas o días anteriores al "Black Friday" y, al reducir nuevamente su precio, mostraron al consumidor un descuento que, si se toma como referencia el precio inicial, no es el que se correspondía, explicó la Comisión.
Por ello, la normativa europea establece que, a la hora de hacer un descuento sobre un producto, este debe anunciarse sobre el que fue el precio más bajo aplicado por el comerciante durante un período de tiempo no inferior a 30 días.
Según Bruselas, ahora las autoridades se deberán poner en contacto con los comerciantes interesados para solicitar cambios en sus prácticas y, si es necesario, iniciar acciones coercitivas que, en caso de no cambiar su política comercial, podrían derivar en multas.