Santiago de Chile, 21 feb (.).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó este martes de la entrada en vigor en el país del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como TPP-11.
"Anoche, lunes 20, nuestro país participó por primera vez como miembro pleno en la reunión virtual de altos oficiales del CPTPP (SOM, por sus siglas en inglés), coordinada por Nueva Zelanda como país anfitrión", señaló el comunicado de Cancillería.
Según el documento, el Gobierno está avanzando en la implementación de este tratado a través del Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales y, con la entrada en vigencia, "se coordinará la adecuada aplicación del CPTPP con los actores involucrados".
Chile se convierte en la décima economía en ser miembro pleno de este tratado, del que también son signatarios: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
En vigor desde diciembre de 2018, el acuerdo pretende eliminar o reducir barreras arancelarias entre los 11 países miembros y abarca un mercado de casi 500 millones de personas, lo que representa el 13 % del PIB mundial.
El tratado sustituyó al original TPP, en el que estaba Estados Unidos hasta que el expresidente Donald Trump anunció su retirada tras tomar posesión en 2017.
La ratificación del TPP11 generó gran polémica en Chile porque una de las coaliciones oficialista, Apruebo Dignidad, con la que el presidente Gabriel Boric ganó las elecciones, está en contra del tratado, especialmente por el mecanismo de resolución de conflictos.
El mismo Boric incluso votó en contra cuando era diputado y el tratado se votó por primera vez en el Parlamento chileno en 2018.
Quienes lo defienden resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 "líneas arancelarias" (subproductos) y que generará ingresos anuales para Chile de 1.200 millones de dólares.
Para sus detractores, el tratado atenta contra la soberanía económica de los países y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales.