Madrid, 14 jun (.).- El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte incluirá un título específico sobre planificación de infraestructuras que pedirá un análisis coste-beneficio de cada proyecto, en el que se considerará tanto la rentabilidad financiera como la económica y social y que será vinculante.
Así lo ha señalado el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, en una intervención en el Executive Forum España, en la que ha abogado por "apuntalar un poco mejor la planificación" y por "dejar de completar mapas porque sí y destinar los recursos a los proyectos que están más justificados y que realmente benefician a la sociedad en su conjunto".
Tras apuntar que "no se soluciona por ejemplo el problema de la España vacía con infraestructuras de transporte", ha explicado que también se hará un análisis "transparente" de las infraestructuras puestas en servicio en las últimas décadas, "no para rectificar, sino para sacar lecciones del pasado".
A su juicio, estas autoevaluaciones darán lecciones negativas, pero también alguna positiva, como que las inversiones en alta velocidad son imprescindibles para que el ferrocarril gane cuota modal.
Teniendo en cuenta el elemento de cohesión territorial, el secretario general ha dicho que la planificación de esta red debe conducir a "terminar de coser el país y hacer eficiente y sostenible la cadena logística, que está sometida a muchos retos de eficiencia, porque cada vez el transporte de mercancías y la compra 'on line' está generando más tensión en la red viaria del país".
Otro de sus objetivos es consolidar la transición de la red radial a una red mallada, pivotada por el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, y completar la red de ferrocarril para garantizar tiempos competitivos y elevar la cuota modal de pasajeros del 6,4 % actual al 12 % en 2030, en detrimento de la carretera y los vuelos interiores.
Vázquez se ha mostrado convencido de que el proceso de liberalización ferroviaria que ha comenzado "va a ir cada vez a más, porque vemos que hay cada vez más apetito de los operadores privados sobre nuestra red".
Respecto a la implantación de un sistema de tarificación por uso de carreteras, ha reiterado que el Gobierno sólo seguirá adelante si obtiene el consenso suficiente para ello.
Tras apuntar que esa "no es la única alternativa para solucionar el problema", ha subrayado que la conservación hay que pagarla con recursos públicos y ha calculado que lo óptimo sería invertir entre 1.300 y 1.500 millones en los próximos diez años.
Ha recalcado que se trataría de una "tasa casi simbólica con una implantación global en todo el territorio, porque ahora unos pagan mucho y otros no pagan nada".