Túnez, 22 jun (.).- El Gobierno tunecino firmó este jueves un acuerdo con el Banco Mundial (BM) para un préstamo de poco más de 268 millones de dólares destinado al proyecto ELMED de interconexión eléctrica entre Italia y Túnez, que contribuirá al desarrollo de energía sostenible y de seguridad energética regional.
El representante local del BM en el país, Alexandre Arrobbio, explicó que el crédito fue aprobado este miércoles por la institución, que ofrecerá asistencia técnica para el establecimiento de un Centro de Excelencia en Energía Renovable que permitirá al país magrebí posicionarse como un centro de capacitación para proyectos de energía renovable en la región del norte de África.
Entre los objetivos de esta red eléctrica euromediterránea se encuentra además la creación de empleos de calidad en el sector privado, el fortalecimiento del capital humano y la mejora de la resiliencia al cambio climático y la reducción de las emisiones de carbono.
Para ello será cofinanciado por el Gobierno italiano, la UE, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Alemán de Desarrollo (KfW).
El presupuesto cubrirá parte de la inversión para la construcción de la planta principal, así como de las subestaciones asociadas en territorio tunecino, e incluirá una partida de 25 millones de dólares en fondos concesionales del Fondo Verde para el Clima, movilizados bajo la Iniciativa de Mitigación de Riesgos de Energía Renovable Sostenible.
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, su construcción, a cargo de la empresa italiana Terna y la estatal tunecina STEG, está prevista para 2025 y unirá a través de un cable submarino de 192 kilómetros la ciudad costera de El Haouaria (noreste) con la isla de Sicilia, que acogerá una estación para convertir la electricidad en corriente alterna.
Este proyecto forma parte del nuevo Marco de Asociación País (CPF) para el periodo 2023-2027, que recoge las direcciones estratégicas para compromisos operativos durante cinco años y cuenta con una dotación anual de 500 millones de dólares.
El CPF fue aprobado una semana antes por la junta directiva después de haber suspendido en marzo su estudio tras unas declaraciones del presidente Kais Said consideradas "racistas".
El mandatario- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social"- ordenó a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las "hordas" de migrantes subsaharianos, a los que acusó de formar parte de un complot para cambiar la identidad "arabo-musulmana" de Túnez.
Desde entonces cientos de ellos, en su mayoría de Costa de Marfil y Guinea, han solicitado el retorno voluntario a sus países tras haber perdido sus trabajos- a menudo informales- y, en algunos casos, haber sido expulsados de sus viviendas por los propietarios; a lo que se suma los ataques xenófobos y las detenciones arbitrarias.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de los 60.000 subsaharianos que residen en el país sólo entre el 10 y el 15 % no poseen una residencia legal por lo que las ONG reclaman a las autoridades su regulación general.