Madrid, 3 ago (.).- El Consejo Económico y Social de España (CES) ha propuesto incluir ayudas económicas y bonos sociales en la futura ley general de telecomunicaciones para garantizar el acceso al servicio universal de telecomunicaciones a los grupos de población más vulnerables.
En un comunicado difundido este martes, el CES ha explicado que la imposición por parte del Gobierno de obligaciones de servicio universal de telecomunicaciones a las operadoras privadas puede ser "insuficiente" para garantizar el acceso de toda la población, por lo que pide un mayor compromiso de la Administración a través de ayudas económicas y bonos sociales.
El CES celebra que la nueva norma se oriente al impulso de la vertebración económica, social y territorial, así como al cierre de la brecha digital, y para hacer frente a estos desafíos propone desarrollar la regulación sobre tarifas sociales en función de niveles de renta o similares y orientar con la "máxima eficiencia" los fondos europeos destinados a la digitalización.
En este sentido, reclama incluir expresamente a las personas mayores y a quienes viven en zonas rurales o geográficamente aisladas en los grupos de población con "necesidades sociales especiales" entre los receptores de estas ayudas.
Además, cree que es necesario financiar con fondos públicos el servicio universal de telecomunicaciones en aquellos lugares donde no llegue la iniciativa privada.
Sobre la nueva ley, el CES respalda que se apruebe una nueva norma y no se actualice la anterior, otorgando una mayor coherencia en la regulación sectorial y una mayor seguridad jurídica y atrayendo así mayor inversión.
Sin embargo, cree que aún existe un "amplio margen de mejora" en la nueva ley, ya que se trata de una norma cuyos efectos van más allá del sector de las telecomunicaciones y afectan a un mercado global de servicios digitales en el que confluyen servicios como los audiovisuales, de contenidos, en la nube o de aplicaciones.
Sobre la planificación pública para llevar a cabo las nuevas infraestructuras, propone tipificar como infracciones "muy graves" los incumplimientos de las operadoras respecto a los planes de inversión al suponer un claro perjuicio para el interés público.