Madrid, 9 mar (.).- El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con amplio consenso la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, una norma con la que España se ajusta a los estándares europeos y con la que se mejora la protección del inversor.
La norma, que el pasado 22 de febrero recibió el visto bueno en el Senado, ha vuelto hoy al Congreso para ser aprobada definitivamente.
Del total de las enmiendas que recibieron el respaldo en la Cámara Alta, la mayoría han salido adelante en el Congreso, a excepción de una propuesta técnica del PP que se aprobó por error en la votación anterior.
La normativa aprobada este jueves supone una ley marco que sustituye a la vigente de 2015 y que funde en un solo texto directivas europeas y reglamentos que se han venido desarrollando en esta materia para proporcionar seguridad jurídica a empresas e inversores, y con la que se quiere adaptar el mercado de valores español a las nuevas realidades tecnológicas y económicas.
En este sentido, simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones.
Para ello, se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, se reducen las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tienen que abonar los emisores de estos instrumentos y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores.
También se establecen mejoras en el ámbito del mercado BME (BME:BME) Growth, al aplicarse al segmento de pymes en expansión el régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS).
Por otro lado, se incorporan a la normativa los cambios aprobados en la Directiva MIFID II para que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.
Para mejorar la protección de los inversores, la norma incorpora la ley europea para hacer frente a los desafíos derivados del proceso de digitalización y establece las previsiones necesarias para aplicar la futura normativa europea (conocida como MiCa) sobre criptoactivos de forma rápida.
También contempla ya infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante los incumplimientos cuando entre en vigor la citada norma europea.
Igualmente, incorporan las previsiones para la aplicación del reglamento del régimen piloto para la utilización de tecnología de registros distribuidos (blockchain) en las infraestructuras de mercados de valores, que permitirá utilizar esta tecnología para operaciones con acciones y bonos tokenizados durante cinco años y sin superar un determinado volumen.
La ley también incluye una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC).
De la misma manera, se incorpora una directiva sobre el régimen prudencial de empresas de servicios de inversión (ESI), que mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas.
Adicionalmente, se otorgan a la CNMV la potestad para establecer el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la ESI; y un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico.
También se establece un régimen de empresas de asesoramiento financiero de ámbito nacional, compañías que podrá mantener los mismos requisitos que en la actualidad, si bien se les exigirá su adhesión al Fondo de Garantía de Inversores.
Por último, se reduce el mandato del presidente, el vicepresidente y los consejeros de la CNMV a seis años (hasta ahora era de cuatro años con la posibilidad de renovar por otros cuatro).
Durante el debate en el Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha agradecido la voluntad de los grupos para llegar al acuerdo, con un trabajo "serio" y "conjunto".