Madrid, 27 abr (.).- El Congreso aprobó este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que permitirá topar los precios del alquiler y que, según la mayoría de partidos independentistas, invade las competencias autonómicas, por lo que el PNV avisa de un posible recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado tras la votación que esta ley, junto con el impulso que va a dar el Ejecutivo a la promoción de inmuebles públicos, supondrá un cambio de paradigma que convertirá en un bien de primera necesidad lo que ahora es un "bien de lujo", especialmente para los jóvenes.
La ley, pactada con ERC y Bildu, se ha aprobado con 176 síes, 167 noes y una abstención.
Sale adelante con el respaldo de PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe; la abstención del BNG y el rechazo de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, CC, UPN y el PNV, que ha cambiado su voto a última hora, después de abstenerse la semana pasada en la Comisión de Transportes.
El texto, que según la derecha solo beneficia a los 'okupas', pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.
Durante el debate, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha defendido que esta ley supone el quinto pilar del Estado del bienestar y ha confiado en que sea un "punto sin retorno"; mientras que para la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, es un "avance social sin precedentes" y que con ella "pierden la banca y los buitres".
La diputada de ERC Pilar Vallugera ha acusado a los que han votado en contra de poner como "excusa" la invasión competencial" cuando, a su juicio, realmente se oponen "porque son de derechas".
El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha considerado la norma un "paso corto, pero necesario, porque la alternativa es la desregulación del mercado y que los grandes propietarios campen por sus anchas"; y se ha mostrado convencido de que el texto "garantiza las competencias de las comunidades" porque "no es centralizador, sino habilitante".
Para Íñigo Barandiarán (PNV) la ley es un "ejemplo paradigmático de recentralización" y se "extralimita en sus competencias e invade las de las comunidades autónomas"; mientras que para Ferran Bel (PDeCAT) se trata a la vivienda "como si fuera una competencia compartida con el Estado".
Mariona Illamola (Junts) ha denunciado la invasión competencial y ha opinado que la "contención de rentas puede ser una medida adecuada en una situación de emergencia, pero no puede ser una solución estructural".
María Zurita (PP) ha advertido de que la ley "hace daño a los jóvenes, las familias vulnerables y los propietarios"; "solo favorece a los okupas y sirve para crear inseguridad jurídica"; y los "precios pueden subir hasta un 25 %, como en Barcelona".
Iván Espinosa de los Monteros (VOX) ha aseverado que esta normativa "solo sirve para salvar la coalición Frankestein en un momento de debilidad del gobierno" y ha alertado de que provocará desplome de la oferta, precios de alquiler disparados, consolidación del mercado negro, amparo de la okupación, deterioro de la seguridad jurídica, penalizacion de la inversión y condena de las clases medias a no poder acceder a una vivienda.
Inés Arrimadas (Cs) ha acusado al Gobierno de estar "legalizando el derecho a okupar" y de generar "más miedo a los propietarios y más frustración a los jóvenes".
El socialista José Luis Ramos ha destacado que el PP tiene una "concepción del Estado del bienestar distinta" y que "no tiene política de vivienda, porque nunca la ha visto como un derecho".
Pilar Garrido (Unidas Podemos) ha agradecido a Belarra que no haya "tirado la toalla en más de dos años de dura e intensa negociación" y ha incidido en que esta ley es un "hito relevante" y en que hay un "cambio de paradigma", al tiempo que ha acusado al presidente Sánchez de "venirse arriba" con su promesa de 113.000 viviendas públicas y le ha pedido un suelo presupuestario para ello.
Para Íñigo Errejón (Más País) esta ley es el "primer paso para que el derecho a la vivienda no sea pisoteado por el bloque inmobiliario rentista", mientras que Ana Oramas (Coalición Canaria) la ha calificado de "disparate" y la ha situado en "clave electoral".
La Ley por el Derecho a la Vivienda, que se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas y prevé recargos de entre el 50 % y el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años.
Posibilita una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, impide los desahucios sin fecha y hora, e incluye nuevas prórrogas que permite aplazarlos.
Prohíbe el pago de las rentas en metálico y la venta de vivienda pública a fondos de inversión; fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del arrendador y obliga a reservar un 40 % del suelo urbanizable y del 20 % del suelo urbano no consolidado para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.