Sevilla, 25 sep (.).- El consejo andaluz del taxi, que lo integran representantes de los taxistas, de las administraciones, sindicatos, consumidores y patronales, se volverá a reunir mañana lunes para negociar el decreto de la Junta regulador de la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC).
Esta reunión se produce nada más terminar la huelga que ha llevado a cabo el sector del taxi este fin de semana en Andalucía en protesta por la regulación que prepara la Junta de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y que aseguran pone en peligro a "10.000 familias".
Dicho consejo lo componen el director general de Movilidad, miembros de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de la Consejería de Fomento, del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Federación andaluza de autónomos del taxi, de la Confederación del taxi de la Costa del Sol, de los sindicatos, de los consumidores de las organizaciones discapacitados y de los VTC, según fuentes de la Consejería de Fomento.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha declarado esta mañana a Canal Sur Radio, que confía en que en la reunión del consejo andaluz del taxi haya acuerdo y ha asegurado que la normativa autonómica "no va a dañar el taxi", sino que "garantiza la convivencia tranquila y ordenada con los VTC".
La huelga, que comenzó el viernes por la tarde y acaba este lunes a las 7.00 horas, ha sido seguida de forma mayoritaria sobre todo en las capitales más grandes como Málaga y Sevilla, según los convocantes, aunque también la han secundado en Córdoba y Granada y, en menor medida, en el resto de capitales, dado que en algunas no operan o tienen poca implantación las plataformas de VTC.
El motivo de la protesta es el rechazo del sector del taxi a la regulación que prepara la Junta de los vehículos de transporte sin conductor como los de Uber (NYSE:UBER) o Cabify a partir del próximo 1 de octubre, cuando acaba el período transitorio de cuatro años que el Gobierno concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de las VTC.
Esa normativa, conocida como decreto "Ábalos", establece que en el plazo de cuatro años los titulares de licencias de VTC sólo podrían realizar trayectos interurbanos, lo que en la práctica supone que la mayoría de estos vehículos debían dejar de operar, al realizar actualmente el grueso de sus desplazamientos en núcleos urbanos.
A 1 de septiembre, según los datos oficiales del Ministerio de Transportes, en España había 17.385 licencias VTC, de las cuales 8.463 corresponden a Madrid, 3.202 a Andalucía y 2.824 a Cataluña (que también tiene ya una regulación para el sector), concentrando entre las tres cerca del 85 % del total nacional.
Estas cerca de 14.500 licencias podrán seguir operando trayectos urbanos, con mayor o menor flexibilidad, a partir del 1 de octubre, a la espera de que las comunidades que no lo han hecho todavía aprueben una legislación clara al respecto o, como recuerda el Ministerio, una prórroga de la actual normativa mientras aprueban una nueva.