Madrid, 13 mar (.).- El Defensor del Pueblo considera que se debe reflexionar sobre que la figura del consumidor vulnerable, para los que existe el bono social (un descuento en la factura de la luz ligado a condiciones económicas y familiares), se limite a los clientes de electricidad y no exista para los consumidores de gas.
En este aspecto, la institución, en su informe anual de 2022, recuerda que ·los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones para que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas·.
El Defensor del Pueblo incide en su informe en los problemas que el coste de la energía supone para los consumidores, especialmente a los más vulnerables, a los que en una gran parte de casos no les llegan las ayudas existentes, en muchos casos por desconocer que existen.
Según los datos que expone el informe, a finales de 2021 las estimaciones oficiales indicaban que 2 millones de hogares estaban en situación de pobreza energética en España y sólo 1,1 millones de familias recibieron ayudas, es decir un 55 %, mientras que un 45 % no llegaban a ellas.
A finales de 2021 la cifra de consumidores reconocidos en situación vulnerable era de 1.215.662, según las cifra de el informe del Defensor del Pueblo, que dice haber recibido numerosas quejas tanto con el reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable como con el abono del bono social térmico -una ayuda directa para gastos de calefacción-.
En concreto, el informe de la institución hace referencia a los errores para ser reconocido consumidor vulnerable del algorritmo BOSCO, que el Ministerio para la Transición Ecológica pone a disposición de las comercializadoras, y señala que se han denegado solicitudes de personas que cumplían con todos los requisitos exigibles, sin que se les explique cómo pueden subsanar el fallo.
Según el Defensor del Pueblo, el procedimiento de recurso frente a la decisión está encomendado a las autoridades de consumo, pero no es conocido por la mayoría de los afectados ni se resuelve con agilidad.
Por eso, propuso al Ministerio que valorara que los solicitantes del bono social eléctrico a los que se denegara la solicitud pudieran acudir directamente a las administraciones competentes en energía, pero el Ministerio no acogió su propuesta.
Además, el Defensor del Pueblo ha pedido a la Secretaría de Estado de Hacienda que la cuantía del bono social térmico tenga la misma exención que las ayudas de las comunidades autónomas y las administraciones locales para personas en riesgo de exclusión social.
También solicita que se apruebe una normativa que regule con mayor detalle y alcance la figura de electrodependiente (personas que necesitan la electricidad para los equipos médicos de los que dependen diariamente) frente a la regulación mínima que hay ahora.
A juicio de la institución, en estos casos debería contemplarse supuestos especiales de garantías no directamente vinculadas con la situación económica.
Por otro lado, hace mención a la "excepción ibérica" aplicada al gas para generación eléctrica, aunque sólo señala que la compensación que se paga a las centrales de gas por ese mecanismo y que se traslada al consumidor ha generado "numerosas quejas" de clientes del mercado libre, a los que la institución ha intentando "explicarles la lógica global del mecanismo".
También hace referencia a la falta de garantías en los cortes de suministro y señala que ha recomendado a la Secretaría de Estado de Energía que regule un procedimiento que garantice la intervención de la Administración en la elaboración de las actas para cortar el suministro, al tiempo que ha pedido que los consumidores puedan formular alegaciones "en unos plazos razonables" antes de que se les suspenda el servicio.