Madrid, 14 sep (.).- Las víctimas del amianto siguen sin poder acceder a las ayudas previstas en el fondo, aprobado en octubre de 2022, pero pendiente dos años después del necesario desarrollo reglamentario.
La ley aprobada en octubre de 2022 establecía un plazo de tres meses, hasta enero de 2023, para la puesta en marcha del reglamento necesario para articular las ayudas que sigue sin ver la luz, según ha recordado esta semana en el Senado el PNV en una pregunta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, un agente cancerígeno responsable de asbestosis o cáncer de pulmón, salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos y tras años de reinvidicación de sindicatos y asociaciones de víctimas.
El fondo, tal y como quedo recogido en la ley, se gestionará por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los presupuestos, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.
En principio, el fondo cuenta con una dotación de 25 millones de euros y la demora en el reglamento no perjudica el derecho a las indemnizaciones reconocido a las víctimas, recuerdan desde la Seguridad Social.
"Sin reglamento no hay fondo y además se crea un vacío desde su aprobación hasta ahora", criticaba esta semana la senadora del PNV Nerea Ahedo.
La ministra Saiz respondía que los técnicos están haciendo un esfuerzo para tener un reglamento "ágil y eficaz" y recordaba que el derecho se generó desde la aprobación de la ley y que cuando esté listo el reglamento se podrán solicitar compensaciones desde esa fecha.
"Quiero trasladar un mensaje de confianza a las víctimas y a esos familiares: recordarles que desde la aprobación de la ley se generó el derecho", añadía.
"Es una nueva regulación que ninguna otra administración pública ha llevado a cabo por diferentes motivos", explicaba Saiz que añadió que la adecuada dotación presupuestaria del fondo "será un hito muy relevante" con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
En la articulación de esta norma entran también los Ministerios de Hacienda y de Sanidad.
El amianto es un agente cancerígeno responsable de asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, entre otras enfermedades mortales.
El pico máximo de uso del amianto se produjo en España entre los años 1970 y 1980, y unas tres cuartas partes fueron utilizadas en la construcción.
Según la ley, "si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades".
Los sindicatos y asociaciones de víctimas criticaron que este fondo no quedará exento de tributación, uno de los aspectos que quedaron pendientes de mejora para el reglamento.
Desde hace meses, tanto la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto como CCOO y UGT llevan reclamando la articulación del reglamento y denunciando el retraso acumulado que deja a estas víctimas en el olvido.