Madrid, 30 jul (.).- El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado un plan de medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad que se cometen mediante llamadas telefónicas o envíos de SMS.
El objetivo de este plan es aumentar la protección de consumidores y empresas ante el creciente número de fraudes a través de este tipo de estafas, según ha apuntado en un comunicado.
Para ello, el Ministerio ha iniciado el trámite de audiencia pública de la orden ministerial que recoge las modificaciones normativas necesarias para poner en marcha estas medidas, todo ello después de que a principios de año se lanzara una consulta pública.
Medidas que se pondrán en marcha
Las medidas que se pondrán en marcha abarcan el bloqueo por parte de los operadores de las llamadas que utilizan números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio, asignados a ningún operador o adjudicados a ningún cliente. También el bloqueo por parte de los operadores de llamadas y SMS de numeración nacional, pero con origen internacional, uno de los focos de fraude más habitual.
Además, recoge la creación de una base de datos, que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el nombre de la compañía). Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados.
Otra de las medidas pasa por la prohibición de numeración móvil para llamadas comerciales, de forma que la ciudadanía pueda detectar que es un fraude si reciben una llamada desde una numeración de este tipo.
Se permitirá con carácter general la utilización de números 800 y 900 por parte de las entidades que tengan asignados estos números para la realización de llamadas comerciales, de forma que, si un usuario tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda como el servicio de atención de una empresa de la que es cliente, le aparezca como tal cuando ésta le llame para realizar una oferta comercial.
El Ministerio subraya que este tipo de fraudes se han incrementado en los últimos años, según los informes del Banco de España, el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), causando importantes daños financieros y económicos a todos los sectores de la sociedad, incluidos los consumidores, las empresas y los organismos públicos.
Asimismo, apunta que algunos países europeos, como Finlandia, han puesto en marcha medidas similares que han permitido reducir las estafas por suplantación de identidad en casi un 90 %.