Londres, 10 oct (.).- El Gobierno laborista del Reino Unido ha presentado este jueves una propuesta de reforma laboral con la que, entre otras cosas, mejorará la protección contra el despido y los contratos de cero horas, así como el acceso a las bajas parentales o de enfermedad.
El proyecto de ley de derechos laborales, que también revocará restricciones a la huelga impuestas por el anterior Ejecutivo conservador, incluye un periodo de consulta para consensuar los detalles de algunas medidas, por lo que se espera que muchas de ellas no entren en vigor hasta 2026.
Además, el texto legislativo, que inició este jueves su trámite parlamentario, se acompaña de un documento sobre 'Próximos pasos' en el que, por ejemplo, se plantea contemplar en el futuro el derecho a que los empleados no puedan ser contactados, salvo emergencia, fuera del horario de trabajo.
Despidos injustificados y explotación
Uno de los principales cambios de esta ley es permitir que los trabajadores estén protegidos contra el despido improcedente desde el primer día de empleo, en lugar de después de dos años, si bien, en contrapartida, el Gobierno propone que las empresas puedan tenerlos a prueba durante nueve meses (la duración se someterá a consulta).
También se aplicarán desde el primer día el derecho a la baja de paternidad (y no a las 26 semanas) y a las no remuneradas de cuidado de dependientes (en lugar de al cabo de un año) y de duelo.
Los empleados podrán cobrar la baja de enfermedad, cuya cantidad máxima de 116,75 libras (unos 139 euros) semanales no cambia, como tampoco la de otras prestaciones, desde el primer día que enfermen, y no desde el cuarto como hasta ahora.
Las empresas tendrán que aceptar peticiones de trabajo flexible a no ser que puedan demostrar que "no es razonable" y deberán contar con planes contra la discriminación salarial étnica o por género y para apoyar a las mujeres durante la menopausia.
La práctica de despido y recontratación de los trabajadores con peores condiciones se prohibirá, salvo que las empresas demuestren que de ello depende evitar su quiebra.
Los trabajadores con contratos de cero horas (en los que el empleador no proporciona un mínimo número de horas de trabajo y el trabajador debe estar disponible) que así lo deseen podrán requerir uno de horas garantizadas al cabo de un periodo de tiempo, que el Gobierno propone que sea de 12 semanas.
En base a la ley, el Gobierno constituirá una Agencia del Trabajo Justo para asegurar que se cumple la normativa, una vez termine el periodo de consulta y el texto sea aprobado.
Equilibrio entre empresarios y trabajadores
Con esta legislación, formulada tras conversaciones con patronales y sindicatos, el Ejecutivo laborista trata de equilibrar las necesidades de las empresas con las de los trabajadores al tiempo que quiere promover el crecimiento.
La viceprimera ministra, Angela Rayner, dijo que, con esta legislación "adecuada a una economía moderna", "se pasará la página de una economía desgarrada por la inseguridad, devastada por una productividad nefasta y arruinada por los bajos salarios".
El ministro de Comercio, Jonathan Reynolds (NYSE:RAI), apuntó que "los buenos empleadores saben que los empleados son más productivos cuando están contentos en el trabajo", por lo que el Gobierno quiere darles "la flexibilidad que necesitan para crecer al tiempo que se erradican las prácticas injustas y sin escrúpulos".
La directora ejecutiva del Instituto colegiado de gestión, Ann Francke, alabó que el Gobierno escuchará a las partes y señaló que las nuevas medidas no causarán un excesivo trastorno, dado que "en muchos casos solo formalizan prácticas que los empleadores inteligentes ya siguen".
Sin embargo, Tina McKenzie, en representación de las pymes, opinó que la reforma "es precipitada, torpe y caótica", y puede perjudicar el crecimiento económico.
El secretario general del sindicato GMB, Gary Smith, celebró por su parte que la ley dará a los trabajadores "los derechos que se les negaron durante tanto tiempo", pero avisó de que todavía queda "un largo camino por recorrer" para cerrar las lagunas legales que favorecen los abusos.